Aunque las autoridades del gobierno del Estado de México representadas por la gobernadora Delfina Gómez, el secretario general de Gobierno Horacio Duarte y diferentes corporaciones impartidoras de justicia pretendan a hacer creer que en esta entidad van a la baja los índices delictivos en sus diferentes modalidades en los 125 Ayuntamientos que conforman el estado, los más de 18 millones de mexiquenses y más de 13 millones en edad de votar, “tienen otros datos”.
El programa canje de armas de fuego implementado en esta demarcación, no ha alcanzado los objetivos, la recopilación de armamento en sus diferentes modalidades y características, da muestra de la desconfianza de la sociedad hacia sus autoridades, quienes no han logrado garantizar la paz, seguridad y tranquilidad en su persona y bienes, a la que se comprometieron en su campaña proselitista y hoy como gobierno. Dando paso a un estado inoperante.
Todos los días nos enteramos, lo mismo en el Valle de México, de Toluca o Zona Oriente vía redes sociales del deceso de una o varias personas de cualquiera de los dos sexos que quedan heridas o pierden la vida por armas blancas o de fuego; en un asalto, riña, discusión, pleito o por ganar concesiones, plazas o ascensos -en el caso del crimen organizado-; estos último, portando armamento mejor que el de las corporaciones policiacas e incluso de los del gobierno federal.
Las autoridades mexiquenses que se autonombran de “territorio y no de escritorio”, pierden de vista lo que realmente acontece en las comunidades, en las calles, las que no tiene guaruras, que se deben defender por sí solas ante el estado fallido para garantizar seguridad y protección a los pobladores.
Es muy común escuchar en los taxis colectivos del Valle de Toluca, pláticas sobre conocedores de armas, reparación y su venta, de diferentes calibres y costos. ¿Cuántas personas de la labor a la que se desempeñen portarán un arma?, ya sea para defensa personal o para delinquir; donde los policías del ramo en los operativos que se instalan en diferentes vías de comunicación -aun cuando están prohibidos por la Legislatura-, no hacen bien su trabajo y prefieren “bolsear” o llegar a un arreglo monetario con los infractores, que aplicar la ley.
Un claro ejemplo, es el caso de doña Carlota -que se hizo viral en redes sociales-, quien se cansó de la inoperancia de la Fiscalía mexiquense para resolver un problema de invasión de propiedad, optando por hacerse justicia por su propia mano; quien sacó un arma de fuego, mató a dos personas e hirió a un tercero; el día del velorio de los invasores, se ve como varios jóvenes hacen detonaciones al aire; de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y del desarme, nada.
Así de inoperante, es la impartición de justicia en el Estado de México.