Poco tiempo falta para que se cumplan dos años de la ejecución de 22 personas en el municipio de Tlatlaya; el 30 de junio de 2014 militares sometieron a los que acusaron de delincuentes y los asesinaron.
Sin embargo, la semana pasada tres soldados que presuntamente participaron en los hechos, que aún continúan con proceso penal, fueron liberados; por un lado existe temor de las mujeres sobrevivientes de los hechos y que los denunció, teme que haya una venganza en su contra y en contra de su familia.
Mientras que las organizaciones civiles aseguran que con esta liberación, el crimen podría quedar impune.
El fallo pone en “evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’ sigue sin ser investigada”, manifestaron en un comunicado prensa 16 organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19, Centro Prodh, Freedom House y Cencos.
Detallaron que el magistrado Adalid Ambriz Landa no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino por la insuficiencia probatoria, lo que abre la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) “perfeccione su investigación”.
Cabe mencionar que en diversas zonas del país la milicia actúa como cuerpo seguridad, principalmente por la ola de violencia generada por el narcotráfico, sin embargo diversos sectores de la sociedad están en contra y aseguran que los soldados deben estar en los cuarteles, pues sus funciones son otras, pero también porque los militares han abusado de su poder y violentado los derechos humanos de las personas, como es el caso de Tlatlaya.
Al respecto, las organizaciones civiles aseguran que en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de ser una realidad.
También es importante recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de 12 a 15 personas, a lo que se suma las propias declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes de la masacre, que coinciden contundentemente: “Si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida”.
Pese a ello, el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Ambriz Landa, absolvió y dictó libertad para los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, presos por el caso Tlatlaya y quienes eran los últimos detenidos por la presunta ejecución extraoficial de civiles en junio de 2014 en una bodega de ese municipio.
La resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
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