Nuevamente la mano dura de Enrique Peña Nieto se deja -ver y sentir- en el país, cuando fue gobernador del Estado de México, recordamos la detención de habitantes de San Salvador Atenco por los supuestos delitos de ataques a las vías de comunicación federales, sedición, lesiones y asesinato, motivo por el cual el juez de la causa les dictó una sentencia de más de 200 años de cárcel.
Pero la defensa, abogados de la organización “Agustín Pro”, al llevar los casos fueron desvaneciendo los delitos con pruebas, incluso llegando a solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que al final de cuentas les dio la razón a los abogados y a sus defendidos: saliendo en libertad, con las convicciones más firmes que nunca para defender a los débiles.
Cómo olvidar también el caso del abogado y luchador social Santiago Pérez Alvarado, quien fue detenido y encarcelado en el Centro de Readaptación Social Estatal de Temascaltepec, por el supuesto delito de secuestro equiparado. Nuevamente aquí triunfó la ley, al encontrar la defensa que la orden de aprehensión fue girada por la juez de la causa, pero con el sello de su firma, no de puño y letra, lo que estuvo fuera de toda legalidad. Por ello, Santiago Pérez Alvarado quedó libre.
Quienes siguieron el caso, encontraron que el problema era la disputa de 350 millones de pesos depositados por el gobierno capitalino (de Marcelo Ebrar Casaubond) en el Fondo Metropolitano, para resarcir daños ocasionados al campesinado de Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra y Valle de Bravo por el Plan Cutzamala que surte de agua al Distrito Federal y a municipios mexiquenses conurbados. El manejo del dinero lo quería hacer el gobierno estatal para obra pública en el Valle de México.
Hoy, como presidente de la República ha asestado un fuerte golpe al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la detención de la presidenta vitalicia, Elba Esther Gordillo Morales, acusada por desvío de fondos y por delincuencia organizada; pues la dama se atrevió ir en contra de la nueva Ley de Educación que condiciona la permanencia en las plazas mediante la aplicación de exámenes.
Inteligentemente los dirigentes seccionales y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE han nombrado en el lugar de Elba Esther a Juan Díaz de la Torre, quien era Secretario General Ejecutivo, quien luego luego declaró estar a favor de la nueva Ley de Educación. Como decía Mao Tse Tun “más vale tres pasos atrás y no más pasos en falso”. Después del SNTE, ¿qué sindicato sigue?