La Ley de Uso de la Fuerza Pública del Estado de México, mejor conocida como Ley Atenco y comparada con la Ley Bala, fue echada para atrás hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) presenten sus análisis y recomendaciones sobre esta.
El pasado mes de marzo los diputados del PRI, PAN y PRD aprobaron la iniciativa presentada por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, en respuesta a recomendaciones hechas por organismos internacionales en materia de derechos humanos, a fin de no violentar a los ciudadanos mientras ejercen su derecho a manifestarse.
Sin embargo, la ley contiene apartados que se contraponen a estas recomendaciones, pues faculta a los policías estatales y/o municipales a intervenir cuando consideran ilegal alguna manifestación o protesta, pero esta consideración es subjetiva: ¿qué protesta es ilegal y cuál no?
Al respecto, los diputados de Morena opinan que esto facilita la criminalización de las protestas, además legitima los abusos como los ocurridos en Atenco, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
De manera más precisa su artículo octavo permite el uso de armas de fuego para defensa del policía o de terceras personas en caso de amenaza de muerte, entre otras.
También avala el uso de esposas rígidas, armas intermedias como el bastón PR-24, tolete, entre otros.
El artículo 23 posibilita a los elementos de seguridad a intervenir en desalojos, lanzamientos y embargos; pero en caso de abusos se exime al gobernador y alcaldes.
Mientras que en el artículo 52 se señala que serán sujetos a investigación a los mandos y elementos por no adoptar las medidas necesarias para hacer el uso de la fuerza pública tal como lo especifica esta ley.
De acuerdo al capítulo III la fuerza pública deberá emplearse en manifestaciones que se realicen en lugares públicos y se tornen violentas.
Aquí cabe hacer un paréntesis, en muchas manifestaciones los policías provocan la violencia; asimismo, existen evidencias de la intervención de grupos de choque, todo con el propósito de desacreditar a los grupos de manifestantes.
Si en verdad se está por los derechos humanos de la población, entre ellos el derecho a manifestarse, La de Uso de la Fuerza Pública, debería ser modificada desde el nombre, que suena a violencia, debe ser pulida y no dejar nada a la subjetividad o ambigüedad, la decisión de determinar si una manifestación es violenta o no, no debe de recaer en los cuerpos policiacos y mucho menos permitir el uso de armas; que no sea esta ley una declaratoria de guerra para la gente que se opone a algunas prácticas del gobierno y que busca ser escuchada alzando la voz en las calles, muchas veces sin pertenecer a un partido, esto por los que dicen que los opositores a la ley tiene que ver con cuestiones partidistas.
Ya ha quedado demostrado que el uso de fuerza trae consigo más violencia.
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