Las comunidades de la zona sur, víctimas de la violencia perpetrada por el crimen organizado, desde hace 10 se desintegran, pues sus habitantes se ven obligados a migrar ante las extorsiones y el temor a ser asesinados.
Enrique Damián Palma Martínez, investigador en dinámica migratoria de la UAEM, quien ha investigado este caso, indicó que esta migración forzada se agudizó al tiempo en que se incrementó el combate del Estado mexicano contra el narcotráfico.
Sin embargo, especialista indicó que este tema no se ha atendido, pues las autoridades no han reconocido el problema de migración, quizá porque este fenómeno es menor comparado con otras entidades.
«Se están modificando los patrones migratorios pasando de un factor migratorio internacional, a cada vez más el número de desplazados internos relacionados con la violencia», sostuvo el investigador universitario.
Los municipios más afectados son Tejupilco, Luvianos Tlatlaya, Amatepec, Zacazonapan,y Almoloya de Alquisiras. Y es que estas localidades forman parte del Triángulo de la Brecha, pues se unen el Estado de México, Guerrero y Michoacán, perfecto para el cruce de drogas, pero además ideal para instalar narcolaboratorios, donde se producen drogas sintéticas, además de ser ruta de enervantes hacia los Estados Unidos.
«Grupos delictivos como la Familia Michoacana, Los Pelones, Zetas, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios o el Cártel Jalisco nueva generación se disputen la plaza multiplicando la violencia, extorsiones, secuestros, entre otros crímenes», expuso Palma Martínez.
Las familias de estas comunidades han encontrado dos salidas al problema, incursionar en la delincuencia organizada o migrar. Principalmente llegan a los municipios del Valle de Toluca.
El investigador indica que esto genera un problema bidireccional, por un lado están los municipios violentados y por otro los municipios que se convierte en receptores de los desplazados, quienes exigen servicios públicos, empleo, salud, y educación.
«Las administraciones locales están a tiempo de procurar que los efectos negativos no se acumulen y se conviertan en el mediano plazo en una problemática sin solución», sostuvo.
Cabe recordar que en estos municipios del sur se han asesinado autoridades municipales, secuestrado habitantes hasta los trágicos hechos ocurridos en Tlatlaya.
En el 2007 fue asesinado el ex alcalde de Zacazonapan, José López Cabrera; mientras que en mayo 2008, un comando armado irrumpió en Luvianos y ejecutó al maestro Ranferi González Peña, supervisor escolar de zona.
En octubre de 2009, también en el municipio de Luvianos, se enfrentaron gente del grupo criminal Los Pelones contra los de La Familia Michoacana.
Mientras que en agosto de 2011 fue “levantado” y asesinado el alcalde de Zacualpan, José Eduviges Nava. El 3 de julio de 2012, un comandante de Zacazonapan, Joaquín Rosales Salazar, fue asesinado en el paraje de El Caballito, cerca del municipio de San Martín Otzoloapan.
El 3 de agosto de 2013, en la comunidad de Ojo de Agua de Luvianos, al parecer fue muerto el jefe de operaciones criminales de la Familia Michoacana, Pablo Jaimes Castrejón, alias “La Marrana”, después de un enfrentamiento con efectivos militares.
En febrero de 2014, fue secuestrado el ex alcalde de San Martin Otzoloapan, Santos Cabrera; en este mismo año, el 30 junio, en la localidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, fueron ejecutadas de manera extrajudicial 22 personas, la mayoría jóvenes, de entre 15 y 23 años, por el 102 batallón del Ejército mexicano.
Finalmente, entre julio y agosto de 2014, diez personas fueron secuestradas en el municipio de Valle de Bravo, lo que implicó la entrada a la demarcación de la recién creada Gendarmería Nacional.