El gobierno del Estado de México una vez busca endurecer las leyes para combatir al crimen, al enviar al Congreso mexiquense un paquete de iniciativas, nueve para reformar el Código Penal y una más en materia civil.
Se contempla aumentar la penalidad en delitos como extorsión, robo a cuentahabientes y casa habitación, pero además la extinción de dominio a bienes inmuebles utilizados por el crimen organizado, la aplicación de presunción de inocencia y sustitución de pena preventiva por la aplicación de brazaletes, estos últimos, atendiendo al nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Dichas iniciativas fueron presentadas desde el 24 de abril, sin embargo la semana pasada fue cuando el gobernador hizo el anuncio y puntualizó que la finalidad es reforzar las estrategias de seguridad y reducir la comisión de delitos en el estado.
Cuatro de las 10 iniciativas presentadas van dirigidas en aumentar la penalidad y adherir agravantes en la comisión de delitos de extorsión, robo con violencia a casa habitación, robo a cuentahabientes, entre otros.
El mandatario aseguró que todos estos delitos han disminuido 50 por ciento en los últimos tres años, aunque en el caso específico del delito del secuestro reconoció que este ha aumentado en ciertas modalidades, por ello se está proponiendo castigos más severos, “se está proponiendo imponer una pena de 40 años de prisión hasta prisión vitalicia o hasta 70 años de prisión y 700 a 5 mil días de multa”.
En cuanto al Código de Procedimientos penales, que está por entrar en vigor, cabe precisar que el gobierno estatal contempla que se modifique la custodia de imputados detenidos y puestos a disposición ante autoridades de justicia, a quienes se le buscará, no se les de prisión preventiva al aplicarles la presunción de inocencia, además utilizar brazaletes de ubicación.
De igual manera, las iniciativas enviadas al Congreso Local contempla la ley de extinción de dominio para que el gobierno estatal tenga la facultad de apropiarse de bienes muebles e inmuebles ocupados por la delincuencia organizada, acción que buscará afectar la estructura económica de los delincuentes.
Por un lado, hay que reconocer al gobernador Eruviel Ávila Villegas por ocuparse de modernizar las leyes en materia penal, quizá su profesión de abogado lo encamina a eso; también pudiera ser un acierto aplicar la presunción de inocencia, pues es muy cierto que en los ministerios públicos se cometen muchos atropellos contra la ciudadanía, incluso gente inocente termina encarcelada, mientras que los verdaderos delincuentes siguen en la calle; pero también debería de haber una sensibilización y capacitación del personal de los MP, para aprender a detectar a los verdaderos infractores de la ley, para que no permitan abusos de otros elementos, como el caso de la siembra de pruebas, casos muy reiterados en las entidad.
Y bueno, lo que sigue siendo cuestionable es el endurecimiento de las leyes, pues expertos aseguran que esto no inhibe a la delincuencia, pues finalmente hay quienes los protegen y permiten que sigan actuando con impunidad; asimismo la impartición de justicia no es la mejor.
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