El gobernador Eruviel Ávila Villegas envió al Congreso mexiquense un paquete de leyes para proteger a las mujeres de todas las edades, sin embargo, este hecho coincidió con la violación de una menor de 13 años de edad, lo cual, al parecer, pudo haberse evitado, la policía de Toluca hubiera actuado ante un llamado de auxilio.
Recordemos que la capital del Estado de México es uno de los 11 municipios estatales que se encuentran en Alerta de Género, por sus altos índices de violencia en contra del sector femenino.
Este hecho, ocurrido en la calle José Nicolás Olaes, en la colonia Hank González, deja evidente que aún falta mucho por hacer y que los servidores públicos, en este caso policías, aún no tienen la capacidad de reconocer el llamado de auxilio de una pequeña, aún no tienen la capacidad de enfrentar situaciones de violencia contra las mujeres, ante este hecho, preguntamos, ¿sirve endurecer las leyes cuando se tiene un sistema judicial y/o policiaco deplorable?
La mamá de la niña indicó que su casa está a unos pasos del módulo de vigilancia, en donde había oficiales que, a pesar de escuchar el reporte, no intervinieron, pues los uniformados no podía ingresar a la vivienda por protocolo, se justificaron, pero esto no tiene ninguna justificación, su labor es proteger a la ciudadanía y lo justo es que sean castigados de igual forma que al violador.
En cuanto a las nueve propuestas presentadas por Eruviel Ávila Villegas para reformar el Código Penal y cinco para el Código Civil destacan la de eliminar la condición de un año de matrimonio para poderse divorciar, para establecer como mínimo el 40 por ciento del salario de los conyugues a favor de la manutención de sus hijos, además de tipificar la violencia obstétrica y laboral hacia las mujeres.
También se pretende regular el tema de la guardia y custodia, toda vez que se hará obligatorio que los hijos vivan con sus mamás, hasta que estos cumplan 13 años de edad, siempre y cuando se compruebe que la mamá es apta.
Las iniciativas, que serán analizadas en el segundo periodo de sesiones, que inicia en el mes de abril, también contemplan establecer una ley que fije una edad mínima para casarse, a los 18 años, pues en algunas comunidades indígenas y rurales, los padres autorizan a las menores de edad a casarse y muchas quedan embarazadas a los 12 o 13 años de edad.
Además, se busca que los órganos jurisdiccionales consideren a la hora de juzgar, una visión de género.
También se propone regular la violencia institucional, ya que actualmente no está regulada, “esta se entiende como actos u omisiones de los servidores públicos que en algunas ocasiones obstaculizan los derechos humanos”.
En cuanto a la violencia obstétrica, se hace referencia que en algunos hospitales a veces a las mujeres se les obliga a colocarse un dispositivo o usar anticonceptivos sin preguntarles, o bien, no son atendidas puntualmente.
Asimismo, contemplan la limitación del beneficio de preliberación como el brazalete, para el caso de algunos agresores de mujeres, pues el hecho de que estén fuera de las cárceles representa un peligro para la agredida.