Toluca / Estado de México
Durante reuniones de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, del Partido Acción Nacional destacó la importancia de contar con herramientas jurídicas que permitan corregir sentencias obtenidas mediante fraude procesal y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En el encuentro se analizó la iniciativa presentada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Héctor Macedo García, para regular la figura de nulidad de juicio concluido, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en junio de 2023.
Ante magistradas y magistrados del Poder Judicial mexiquense, la legisladora Emma Álvarez solicitó información detallada sobre el procedimiento para tramitar esta acción, los plazos para promoverla, el órgano jurisdiccional que conocería de los casos y los criterios para determinar la existencia de fraude procesal. Asimismo, planteó la necesidad de establecer medidas que eviten abusos en la utilización de este recurso y conocer cómo se articularía con el amparo directo.
Durante la reunión, la diputada Miriam Silva Mata, del Partido Verde Ecologista de México, invitó al titular del TSJEM a solicitar al Congreso mexiquense la declaratoria para la entrada en vigor del Código Nacional en la entidad, a fin de contar con un marco jurídico armonizado que permita revisar sentencias firmes obtenidas mediante colusión, fraude procesal o el uso de pruebas falsas.
Al respecto, la magistrada Blanca Dannaly Argumedo Guerra explicó que la propuesta no busca abrir la puerta a revisiones indiscriminadas de sentencias, sino preservar la justicia en casos donde la cosa juzgada sea solo aparente. Por su parte, el magistrado Rubén Maximiliano Alexander Rábago señaló que la iniciativa retoma disposiciones del Código Nacional y prevé que los jueces civiles conozcan de estas solicitudes, además de establecer garantías para evitar su uso indebido.
La propuesta establece que la nulidad de juicio concluido es una figura excepcional que procede cuando exista una sentencia definitiva que haya causado ejecutoria y se acredite que el proceso se llevó a cabo sin conocimiento de alguna de las partes, hubo falsa representación o se realizaron maniobras fraudulentas que afectaron el debido proceso.
Las y los integrantes de la comisión coincidieron en que el análisis de estas reformas busca fortalecer el sistema de justicia y garantizar que las leyes respondan a las necesidades de las y los mexiquenses.
