METEPEC, Méx.- En duda y tela de juicio ha quedado el “supuesto” cumplimiento de los compromisos de campaña de la hoy candidata al Senado de la República Ana Lilia Herrera Anzaldo cuando fungió como Presidenta Municipal de Metepec y que por cierto pregonó fueron firmados ante Notario Público, según ella para darle mayor validez.
De los 79 compromisos que se comprometió a cumplir ante la sociedad mestepequense basados en los rubros de seguridad pública, desarrollo económico y social, que “según” se realizaron al pie de la letra, consumados en los primeros dos años de la administración pública municipal -acción que fue destacada por su área de comunicación social-, dejó mucho qué desear y comentar entre los habitantes de esta demarcación.
El gobierno que encabezó del 18 de agosto del 2009 al 20 de enero de 2012 –el cual se comprometió terminar hasta el último día de su mandato y no cumplió-, se definió como “gobierno de calidad gubernamental”; donde el rubro de seguridad pública fue primordial, comprometiéndose a trabajar de manera integral en su atención; capacitar y mejorar los salarios de los policías; al tiempo de destacar que habría “cero tolerancia a la corrupción”.
Lo anterior queda entre dicho por la hoy abanderada de la Coalición Compromiso Por México quienes fuentes bien ubicadas, con preferencia en el anonimato por temor a represalias –como ya sucedió con algunos de sus compañeros- manifestaron que en lo referente a capacitación y salario fue mínimo; el que devenga más en la Dirección percibe un sueldo de 9 mil 367 pesos, mientras que el grueso de los integrantes es de 5 mil 401 pesos.
Aún y cuando Herrera Anzaldo se comprometió a que habría cero corrupción en la administración, en el área de seguridad pública por el contrario se fomentó sin ninguna repercusión para nadie aseguraron, ejemplo de lo anterior fue que tres meses antes de separarse del cargo, se instruyó llevar a cabo el operativo grúa con nula aceptación por parte de la sociedad, pero buenas remuneraciones económicas para la autoridad municipal.
En este sentido, comentaron que la instrucción fue precisa, arrastrar en el día 15 vehículos diarios, por la noche de 8 a 2 de la madrugada las 20 grúas que operaban deberían remitir como mínimo 10 carros al corralón, compensando a cada elemento por cada carro levantado con 100 pesos y aquellos con los que hubiera arreglo, la cuota iniciaba de mil y como mínimo recibían 500 pesos.
De ahí, que de la noche a la mañana aparecieran por doquier discos de no estacionarse por las principales calles del municipio; operativo que funcionó como dos meses y medio; casualmente cuando la alcaldesa Ana Lilia Herrera se separaría del cargo.
Esta acción dejó entradas considerables a la autoridad municipal y que nadie sabe dónde fueron a parar los recursos por este concepto; por el contrario, dejó un malestar generalizado, no tan sólo entre los habitantes de la localidad, sino de las personas que visitaban el municipio los jueves, viernes y sábado por la noche cuando asistían a divertirse; lo que fomentó y permitió la ex alcaldesa sin escuchar el reclamo de la población y rehusándose a quitar el operativo, su sustituto y alcalde por escasos 15 días David López Cárdenas –hoy candidato a diputado local- lo inhibió, respondiendo así a una petición de la sociedad.
Si bien es cierto que para la candidata al Senado la transparencia es propia de un gobierno democrático, converge con la rendición de cuentas y no es una opción, sino una obligación, que fortalece la confianza entre sociedad y gobierno. Ana Lilia Herrera debería rendir cuentas sobre el tema, descartar el incumplimiento de lo signado ante Notario Público y confirmar que en el gobierno que presidió hubo “Cero tolerancia a la corrupción”.
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