Señaló que “ese México de los gobernadores cómplices del crimen o de los tesoreros que hoy huyen acusados de lavado de dinero, que significa que son uno más del crimen organizado”, por lo que subrayó que de llegar a la Presidencia trabajará hasta el último aliento para alcanzar un México con libertad y justicia.
“Esa convocatoria que yo hago es para ese México de justicia, un México sin prebendas ni privilegios, y un México donde sí haya consecuencias para aquellos que no creen en la justicia y más bien viven de la impunidad y de la corrupción”.
Ante los integrantes de Organizaciones Civiles, presentó su plataforma de justicia y prometió impulsar un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que implemente un nuevo sistema acusatorio.
Dijo que se debe garantizar un verdadero juicio oral, público, transparente y expedito ante un juez. También que presuma la “inocencia” al arranque del juicio y la autoridad esté obligada a probar la responsabilidad del acusado, contrario a como actualmente sucede, limitando con ello la prisión preventiva, en donde se busque privilegiar la justicia alternativa, para que los delitos de bajo impacto lleguen al proceso garantizado y simplemente se pague la condena con una reparación del daño.
Asimismo, Vázquez Mota comentó la posibilidad de que los Ministerios Públicos no tengan derechos por encima de las víctimas o acusados, ni facultades para escoger las pruebas para integrarlas a un juicio. Asimismo, sugirió la posibilidad de fortalecer la autonomía constitucional de los MP y convertirlos en abogados expertos que acrediten ante los tribunales la responsabilidad del imputado.
Por lo que planteó que los centros penitenciarios del país dejen de ser sitios de poder y autogobiernos impenetrables, “vamos a recuperar el control territorial en los penales”, al indicar que el gobierno federal habrá de tomar el control de las instalaciones donde las autoridades locales hayan sido omisas o hayan perdido el control.
Además de promover disposiciones de la reforma judicial que incluye medidas cautelares y beneficios pre-liberacionales, así como sanciones alternativas basadas en trabajo. Asimismo, se comprometió a impulsar una defensoría pública autónoma en la que impere la honestidad y profesionalismo, con capacitación, evaluación y remuneración digna.