Toluca, Méx.– El diputado local Samuel Hernández Cruz informó que solicitó formalmente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la apertura de una investigación ante denuncias ciudadanas por presuntos actos de extorsión y abuso de autoridad registrados en la carretera federal México–Pachuca, a la altura de diversos puntos del municipio de Tecámac.
En entrevista, el legislador señaló que estas denuncias han sido recurrentes y han generado preocupación entre la población, ya que presuntos operativos estarían deteniendo a automovilistas sin acreditar su pertenencia a alguna corporación oficial.
“Estamos solicitando que se investigue si estos supuestos operativos corresponden a personal oficial, si los vehículos son institucionales y si quienes participan cuentan con identificación”, explicó Hernández Cruz. Detalló que, de acuerdo con imágenes y videos difundidos en redes sociales, en la mayoría de los casos los presuntos responsables no portan uniformes ni placas oficiales, aunque simulan ser vehículos de seguridad, lo que agrava la situación.
En este contexto, el diputado agradeció la atención del fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, con quien sostuvo una reunión para conocer los avances en las investigaciones relacionadas con la separación del cargo de diez servidores públicos adscritos a la Policía de Investigación (PDI), derivado de denuncias por extorsión cometidas en Tecámac.
La FGJEM informó que inició una investigación de oficio a partir de los hechos difundidos en redes sociales y medios de comunicación por posibles actos de extorsión, abuso de autoridad u otros delitos presuntamente cometidos por integrantes de la institución. Como medida inmediata, se determinó la suspensión de diez elementos de la PDI, entre ellos un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, todos adscritos a la región de Tecámac.
La Fiscalía mexiquense precisó que la separación del cargo es el primer paso para iniciar las investigaciones correspondientes, abrir las carpetas y, en su caso, presentar a los presuntos responsables ante la autoridad judicial, reiterando su compromiso de actuar contra quienes resulten responsables de delitos cometidos en contra de la ciudadanía.
Asimismo, se hizo un llamado a las víctimas para que denuncien de manera anónima a través del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, donde recibirán atención directa y acompañamiento de la oficina del fiscal para la presentación de pruebas. La FGJEM destacó que son de gran utilidad fotografías, videos, testimonios y cualquier otro indicio que permita fortalecer las carpetas de investigación y sancionar a los extorsionadores.
De acuerdo con lo denunciado por el diputado Hernández Cruz, en varios de estos casos los presuntos policías exigen hasta 100 mil pesos a las víctimas y, en algunos hechos, las privan de su libertad por periodos de hasta seis horas, lo que podría configurar delitos graves.
La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para esclarecer no solo si los elementos suspendidos participaron directamente en los hechos, sino también si otros servidores públicos o incluso personas ajenas a la institución podrían estar involucradas.
El legislador recordó que el pasado 15 de enero el Congreso del Estado de México aprobó una nueva Ley contra la Extorsión, la cual establece que este delito se persigue de oficio y puede alcanzar penas de hasta 42 años de prisión, especialmente cuando están involucrados servidores públicos.
“No podemos permitir que quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía sean quienes promuevan la comisión de delitos. No se trata de acusar, sino de investigar, aclarar y combatir cualquier abuso”, subrayó.
Finalmente, Hernández Cruz hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que coadyuven con la FGJEM y la Secretaría de Seguridad estatal, a fin de detener a los responsables y erradicar prácticas que podrían constituir el delito de extorsión.
