Luis Zamora Calzada
Una gran parte del profesorado en activo, la que no ha aceptado canonjías y se ha dedicado a construir buenos resultados en sus aulas, espera de manera ansiosa la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma al Artículo 3 Constitucional, porque tendrá implicaciones inmediatas en el Estado de México.
El tema del examen de oposición para ingresar y lograr promociones cambiará el panorama en la asignación de plazas, principalmente las de supervisor escolar, auxiliar de supervisión, direcciones escolares, investigadores educativo, que hasta ahora ha beneficiado a los recomendados de personajes diversos de la administración educativa pasajera y de los egresados del sindicalismo simulado y protegido, que en los años recientes y según los nombres y apellidos de los nombramientos signados concentró las promociones en parientes, cónyuges, compadres, “seguidores leales” entre otros, sin considerar su preparación, puntajes escalafonarios, ni el perfil para el desempeño de la función, llevando a la educación pública de nuestra entidad a los resultados que nos ubican debajo de la media nacional.
La Secretaría de Educación estatal no podrá violar el mandato federal, al garantizarse la promoción como un derecho constitucional, cualquier nombramiento que se emita sin el examen de oposición correspondiente, puede impugnarse legalmente, de manera automática el nombramiento será inconstitucional si no cumple con el requisito establecido en nuestra Carta Magna.
La figura del amparo federal contra esta práctica a favor del “recomendado sin preparación” institucionalizada hasta ahora, será el trámite legal para combatir esta ilegalidad a partir de la publicación de la reforma en el DOF; el famoso acuerdo del cuatro de diciembre de 2000 que condujo al contexto del reparto de plazas entre propuestas de funcionarios de la administración educativa y los representantes del viejo sindicato está llegando a su fin, el referente magisterial volverá a la parte académica y a una docencia que transforme a la escuela pública estatal, cambiando la preparación del alumnado que a ella asiste.