Lavadero Político

La inseguridad que se vive a diario en las medios del transporte público, mantiene a la población en un  estado de impotencia, enojo y descontento contra la autoridad estatal y municipales, debido a que jóvenes estudiantes, trabajadores,  madres y padres de familia salen de sus hogares con destino a sus trabajos con el temor de perder hasta la vida a manos de la delincuencia, que de forma criminal no solamente asaltan y roban sino que asesina a gente inocente que defiende sus pertenencias, como es el gasto diario para pasajes y viáticos, o hasta un modesto celular que ahora es al parecer la causa principal y botín de la delincuencia que opera impunemente a cualquier hora del día.

Llamando la atención de organizaciones sociales, civiles y políticas, para salir en defensa de la ciudadanía, ante la incompetente autoridad que por más que anuncian operativos en el combate a la delincuencia los resultados son nulos y no hay quien detenga a esos grupos criminales que mantienen un radio de operación en los municipios con mayor número de población, que se ve en la necesidad de desplazarse de sus lugares de origen para trabajar en otras localidades, y se convierten en presa de esa delincuencia.

Allí están las voces de esas organizaciones y de los propios transportistas del servicio público, que se manifiestan con letreros en parabrisas y medallones de las unidades, exigiendo la intervención del Gobierno Estatal, así como de las Corporaciones Policiacas, para someter a los delincuentes, pero no encuentran eco sus voces, por ello el Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, y la fracción parlamentaria de ese partido en la Cámara de Diputados, solicitan al Gobierno Estatal, declare zonas de emergencia a los municipios de Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, aclarando que no son únicamente esas localidades donde existe un alto índice delictivo, sino que prácticamente es todo el Estado de México, tanto en carreteras, como en arterias principales y secundarias donde se suceden los asaltos y robos a operadores del servicio público y usuarios.

En este problema la propia Procuraduría estatal, tiene los números de enero a junio del año 2016, bajo el reporte 90 mil 544 ilícitos denunciados ante el Ministerio Público, incidiendo todo tipo de delitos generados por la inseguridad que se viven en la entidad, siendo alarmante porque esto va en aumento en el territorio mexiquense.

Según los reportes dados a conocer en conferencia de prensa, por Juan Zepeda, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, y Omar Ortega Álvarez, dirigente estatal de ese órgano partidista, coincidieron en señalar que las unidades del transporte colectivo se han convertido en espacios inseguros, donde se registran asaltos, robos, acoso u hostigamiento sexual, exhibicionismo, violaciones o inclusive asesinatos. Siendo preocupante las estadísticas que dieron a conocer los lideres perredistas, en las siguientes localidades.

1.    En Ecatepec se verificaron 10 mil 52, lo que  representó el 13.44 por ciento.
2.    En Toluca acontecieron seis mil 301 ilícitos, lo que representó el 8.43 por ciento.
3.    En Naucalpan acontecieron seis mil 23 delitos que representaron el 8.05 por ciento.
4.    En Tlalnepantla cinco mil 139, que representaron el 6.87 por ciento.
5.    Cuautitlán Izcalli con 3 mil 537, los cuales significaron el 4.73 por ciento del total de actos delictivos verificados en todo el territorio del Estado de México.

Ello revela que  en estos cinco municipios se registra casi la mitad de los delitos cometidos en la entidad, y aunque las autoridades estatales no llevan un registro formal de los delitos cometidos en el transporte público, lo cierto es que estos ocupan un alto porcentaje, ya que por lo menos un integrante de cada familia mexiquense ha sido asaltado en el transporte público, de acuerdo a la ENVIPE.

Juan Zepeda y Omar Ortega explicaron que la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados presentó una Iniciativa para que por ley, todas las unidades que prestan el servicio en el estado porten cámaras de videograbación.
En esa iniciativa, que se espera sea aprobada, se establece un plazo de 120 días para que los concesionarios coloquen las cámaras de videograbación, pero si al término de ese plazo no han cumplido, se les puede retirarla concesión.
La propuesta incluye que los vehículos que circulen de noche, deberán mantener en todo momento las luces del interior encendidas para tener control sobre lo que ocurre con los pasajeros.

Cuando se registre un delito a bordo de una de las unidades de transporte público, el Ministerio Público estará facultado para mostrar el video, pero que en caso de no hacerlo, también se hará acreedor a una revocación de la concesión. Habrá que esperar que dicha propuesta salga a la brevedad posible en la Cámara de Diputados, y los resultados sean positivos para defenderá a la población contra esos ilícitos en la entidad mexiquense.