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Llaman legisladores priistas a garantizar la seguridad en el proceso electoral 2027

El diputado Eduardo Zarzosa durante la comparecencia sobre la seguridad electoral en el Estado de México

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura mexiquense llamó al Gobierno del Estado de México a informar sobre la estrategia de seguridad electoral para garantizar la paz social y la gobernabilidad rumbo a los comicios de 2027.

Durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, el diputado Eduardo Zarzosa fijó el posicionamiento de la bancada priista y planteó cuestionamientos sobre la estrategia que implementará la administración estatal para anticiparse a los conflictos políticos, preservar la estabilidad y garantizar que las y los mexiquenses puedan votar y ser votados en libertad.

“La gobernabilidad también debe traducirse en garantías concretas para quienes participan en el proceso electoral, porque una elección sólo puede ser verdaderamente libre si existen condiciones de seguridad”.

“Preservar la gobernabilidad también exige garantizar que las instituciones públicas estén libres de cualquier vínculo con estructuras criminales. La Operación Enjambre evidenció relaciones entre servidores públicos municipales y estructuras criminales, incluidos mandos de seguridad”, enfatizó Eduardo Zarzosa.

En ese sentido, insistió en la propuesta del PRI para instalar de inmediato una Mesa Estatal de Seguridad Electoral que permita coordinar esfuerzos institucionales, identificar riesgos y establecer mecanismos de prevención y atención oportuna durante el proceso electoral.

“El Estado debe actuar antes de que la violencia inhiba candidaturas, silencie voces o intimide al electorado, porque cuando un aspirante tiene miedo de recorrer su distrito o municipio, cuando un partido enfrenta amenazas o cuando un ciudadano teme expresar sus preferencias, la democracia pierde sentido”, aseguró el diputado.

Eduardo Zarzosa advirtió que la seguridad electoral no puede atenderse hasta que se presenten las primeras agresiones; el Gobierno estatal debe anticiparse a los riesgos mediante información oportuna, coordinación permanente y mecanismos eficaces de prevención y respuesta.

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