El congreso local aprobó el dictamen sobre la iniciativa que plantea sancionar a los servidores públicos que difundan imágenes o videos de personas fallecidas. Esto con el propósito de proteger la intimidad, la dignidad y la memoria de quiénes han perecido.
Es así que en coincidencia del grupo parlamentario de Partido Verde con esta iniciativa, la diputada María Luisa Mendoza celebró que en memoria de quienes han sufrido el menoscabo de sus derechos pos mortem, hoy la penalización de la conducta de quien realice actos de captura y difusión de material audiovisual relacionado con cadáveres de personas, sea una realidad.
Por lo que cuando en la comisión de este delito participen servidores públicos de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, procuración y administración de justicia, o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo, cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionada con un hecho delictivo, se le impondrá de tres a siete años de prisión y multa de trescientas a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y actualización en el momento de cometer el delito.
Mendoza Mondragón señaló que está reforma apoya a quienes aplican el derecho, ”ante la existencia de diversos casos como el Ingrid Escamilla y Octavio Ocaña. Pues hoy la lucha de las familias se refleja en al construcción normativa del Código Penal”, indicó
Y es que, de acuerdo con la actualización al momento de cometer este delito, las sanciones aumentarán cuando los afectados sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta en una mitad más de la que le corresponda.
Ante los legisladores, la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, solicito un minuto de silencio en memoria de las personas que han sido víctimas de este delito.
