*Son explotados por la iniciativa privada y mal pagados por el sector público.
Por: Raúl MARCELINO VICTORIA
Los profesionistas con Post Grado y Doctorado no perciben un salario justo de acuerdo a sus estudios, prácticamente son explotados, principalmente por la Iniciativa Privada (IP) que les paga muy poco por horas clase y lo más grave es que este sector no les da prestaciones sociales al hacerles firmar un contrato corto y una renuncia anticipada para prevenir cualquier brote de inconformidad.
En el sector público, al menos sí tienen derechos laborales, coincidieron en subrayar cuatro profesionistas, durante el desarrollo de la conferencia magistral organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) titulada “Entre los Derechos del Profesorado de Educación y los Desafíos del Presente” a cargo de Nelly P. Stromquist.
La Sección 17 del SNTE en el Valle de Toluca presentó mencionada conferencia vía satélite en el auditorio “Ignacio Manuel Altamirano”, donde ante esa situación en concordancia con el presidente del consejo sindical Juan Díaz de la Torre, el secretario general Eliud Terrazas Ceballos instruyó a sus colaboradores conformar una mesa de trabajo que permita conocer la situación de los académicos que prestan sus servicios en Educación Media y Superior, con ese perfil para ver desde el punto de vista legal la forma de ayudarlos.
La peruana Nelly P. Stromquist destacó en su conferencia ya mencionada: “Veinte años después, los esfuerzos internacionales para proteger los derechos del personal docente de la enseñanza superior siguen siendo insuficientes”, por lo que urgió hacer algo al respecto considerando que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato más grande de América y del mundo puede dar la lucha debido a la fuerza que tiene.
Lamentó que a pesar de la existencia de jurisprudencia internacional para proteger a tan olvidado sector profesional, no se haga nada. Resaltó en ese sentido la recomendación de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura R97 (por haber sido aprobada en 1997), documento que se apoya en el Comité de Expertos sobre la aplicación de recomendaciones relativas al personal docente (CEART), integrado por 12 miembros designados procedentes de distintas partes del mundo.
El organismo tiene dos tareas: supervisar la aplicación de la R7, así como la recomendación relativa al personal docente de la OIT/UNESCO de 1996 en los distintos países; examinar y resolver las alegaciones respecto a medidas nacionales que resultan contrarias a los principios contenidos en la R7.
CEART envía un cuestionario a los gobiernos cada tres años para recabar información de los progresos de la R7, “pero muchos no completan el cuestionario y a menudo la información que proporcionan es inadecuadas”, de acuerdo al Informe Mundial sobre la Educación, 1998, página 24, en 50 años de existencia el CEART apenas ha recibido 24 quejas (alegaciones), de las que dos guardaban relación con la educación superior, sobre cuestiones de libertad académica, derechos de gobernanza y condiciones de trabajo.
Explicó, asisten a las reuniones de CEART: la Internacional de la Educación, empresarios comerciales en educación, como la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; la Organización Internacional de Empleadores, e investigadores, bajo invitación, pues es interés de la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fomentar el diálogo oficial.
Cada año se sacan sólo 700 copias en seis idiomas para solicitar informes a los gobiernos, pero no todas se distribuyen. En el contexto mundial, sólo han recurrido a la R97 sindicatos de Argentina, Canadá y Reino Unido, por el total desconocimiento de la instancia legal internacional. Por cierto, se dio a conocer que en países como Canadá y Estados Unidos de Norteamérica no existen sindicatos de académicos, por lo que para hacer valer sus derechos se ven en la necesidad de afiliarse a sindicatos convencionales, como de taxistas o de transportistas.
Que lo anterior se debe a las presiones del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes recomiendan a los gobiernos la contención del gasto mediante el adelgazamiento del aparato burocrático; evitar a toda costa la contratación de personal como es el caso de los académicos con mencionado perfil, por lo que para subsistir se ven e n la necesidad de solicitar empleo en las escuelas privadas.
En uso de la palabra tres comentarista destacaron en el caso mexicano que las instituciones públicas son las que de alguna manera garantizan derechos laborales a los académicos; sin embargo quienes tienen maestría y doctorado perciben lo mismo que quienes sólo tienen licenciatura.
En tanto las instituciones privadas, a pesar de no haber derechos laborales, pues solo reciben docentes por contratos cortos, capitalizan la capacidad de los mismos, en su mayoría jóvenes. A la llamada iniciativa privada (IP) la calidad académica les sale muy barata.
De ahí el interés de la IP en convencer a los gobiernos para que se desentiendan de la educación pública poniendo muchas trabas, como la falta de contrataciones para satisfacer la demanda estudiantil, etcétera. Además de muchos intentos para acabar con el sindicalismo, el cual ha jugado un rol importante en la defensa colectiva de los derechos laborales. Así lo ha demostrado el SNTE.
Tristemente una académica resaltó: “Yo trabajo en tres escuelas privadas, siempre ando corriendo de un lugar a otro. Ya hasta mis alumnos me pusieron como apodo La Llave. Como mi caso hay miles. Por eso no tenemos tiempo de desarrollarnos como profesionistas con Post Grado o Doctorado, porque tenemos que trabajar mucho para alcanzar una remuneración que nos permita sacar adelante a la familia”.
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