Luis Zamora Calzada

Inequidades En Educación

En la medida que avanza la aplicación de las leyes derivadas de la llamada Reforma Educativa, van apareciendo interrogantes sobre su verdadero alcance, por principio se supone que la ley debe aplicarse a todo por igual, de no hacerlo no solo se viola la ley que se aplica, también se ven afectados los derechos humanos en el tema de la discriminación de los docentes.

Esta inequidad manifiesta, se agrava por el anuncio de que los comisionados sindicales, serán ellos quienes ocupen las plazas de subdirector administrativo que se crearán a nivel nacional, sin cumplir con el examen de oposición para acceder a una plaza directiva y la no aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero a su vez se traduce en un clientelismo político, entregando el control de las escuelas al poder sindical, en una ya probable integración de estructuras para trabajos electorales venideros, con la aplicación de una máxima muy sencilla, “el que paga manda”.

En la otra cara de la moneda, quienes abiertamente se han manifestado en contra de la reforma educativa, reiteradamente se les ha anunciado que incumplir con la asistencia a sus labores implica el descuento correspondiente, si la inasistencia es por tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de treinta días naturales, se les despedirá del trabajo, de acuerdo a lo que señala el artículo 76 de la ley citada, que deja espacios de discrecionalidad al establecer “sin causa justificada será separado del servicio público”.

Al no especificarse las causas justificadas, cualquiera a juicio de la autoridad es justificada para no asistir a laborar, como cuando los docentes asisten a sus eventos culturales y deportivos, el día del festejo navideño, entre otros que para la autoridad es justificado, porque lo permite y no lo sanciona, dejando de lado el derecho a la educación de los estudiantes y el no cumplimiento del calendario escolar.

Esta imprecisión de la ley le permite a la autoridad educativa actuar discrecionalmente con motivos políticos, llegando a extralimitaciones, por ejemplo se asegura en algunos pasillos de la instancia educativa estatal, que los profesores que van a ser evaluados, son los que no apoyan al PRI, que de resultar cierto significará que la Ley General del Servicio Profesional Docente, esta moribunda, al no garantizar seguridad y certeza jurídica en la selección de maestros para ser evaluados; se dice también que la misma regla se aplicará a los incomodos y disidentes de las zonas escolares, a los “otros” no los van a molestar.

En otro orden de ideas y de un asunto local, se asegura que la llegada del ex diputado del PRI Juan Jafet Millán Márquez a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, significa un adelanto de líneas rumbo a la gubernatura de Alfredo del Mazo, algunos deducen que es para el uso de los maestros en las próximas elecciones ¿será?.