“Somos docentes, no delincuentes”, coreaba como consiga la columna del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), que tuvo como pretexto para salir a la calle la llamada “marcha del silencio”, realizada el domingo veintiséis de junio en la ciudad de México, llegando hasta el Zócalo capitalino repudiando la violencia que se ejerce contra los maestros.
Estamos convencidos de que no son tiempos para etiquetarnos como profesores federales o estatales, pertenecientes a una u otra organización, para fortuna nuestra orgullosamente somos docentes al servicio de los alumnos que asisten a la escuela pública y salimos en la defensa de nuestro honor y dignidad terriblemente pisoteados por los tecnócratas que administran la educación a nivel federal y estatal.
Por supuesto que estamos en apoyo a los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de todos los maestros conscientes e informados que sin distinción de bandera, enfrentamos a un gobierno autoritario y represor, sencillamente por no ser etiquetados integrantes de su sistema ─solo los hombres y mujeres de sistema están nombrados en las instancias gubernativas, dicen ellos─, sufriendo la violencia de estado en la figura de cualquiera de sus autoridades designadas desde las escolares, hasta las secretarías de estado que no cumplen con la ley que les mandata una actuación apegada a derecho, al alejarse de esta, causan daños a los trabajadores; eso es lo que nos identifica y nos une la obligación de luchar por nuestro país, cada uno desde su trinchera, al menos hasta hoy, teniendo en la contraparte a los corruptos, impunes, soberbios e incluso desinformados beneficiarios del poder comprado en los votos de los ciudadanos que se abaratan en las jornadas electorales.
En particular y junto a la sociedad luchamos por la defensa de la escuela pública y en contra de las violaciones de derechos humanos y laborales de los maestros, garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones firmados por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que están al mismo rango que cualquier artículo constitucional.
Desgraciadamente no todos los profesores se han dado cuenta del retroceso laboral que representa la Ley General del Servicio Profesional Docente, que lleva el sello y fue dictado en acatamiento a las órdenes giradas ─utilizando como disfraz el término recomendación─ por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para México, aumentando elementos no exigibles en ninguna de las quince recomendaciones enviadas desde dos mil diez a nuestro país, introduciendo por su libre albedrio ─el gobierno mexicano─, la evaluación para la permanencia, que se ha vuelto su más terrible pesadilla y la de muchos profesores de educación básica y de preparatorias.
Con los maestros en lucha, compartimos además la negativa de entregarnos derechos garantizados, en el caso del SUMAEM, el gobierno estatal se niega sin razón legal alguna a entregar las cuotas sindicales y las licencias de la directiva que legítimamente nos pertenecen, al estar establecidas en las leyes laborales federal y estatal, como ocurre en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, su incumplimiento por parte del gobierno, a final de cuentas se reduce a que los funcionarios de Eruviel Ávila, no respetan ni cumplen sus propias leyes, lo que no puede ocurrir en un estado que se presume democrático, con un gobernador suspirante a la candidatura presidencial, mostrando desde esta óptica que no le importa el acatamiento a las leyes que juró cumplir y hacer cumplir.
Por estas razones y por el ejercicio de la libertad sindical el SUMAEM ha luchado en los últimos ocho años en contra de los obstáculos oficiales ─Secretaría General de Gobierno estatal, Secretaría de Educación, Secretaria de Finanzas, Secretaría del Trabajo (cuyo titular no tiene palabra e incumple acuerdo), Secretaría de Educación, ISSEMyM, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (el mayor enemigo de los trabajadores), subdirecciones regionales de educación, supervisores que han obtenido sus nombramientos como regalos de la patronal al viejo sindicato de maestros, entre otros─, todas instancias gubernativas que defienden sin razón legal alguna al sindicato a su servicio, llegando al extremo de afiliarles automáticamente al sindicato oficial a los trabajadores docentes sin antes consultarlos y robando descaradamente las cuotas que le corresponden legalmente al SUMAEM.
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