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Luis Zamora Calzada

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ENGAÑO EDUCATIVO

Del Pacto por México firmado en 2012 se desprendieron varias políticas públicas y se asumieron varios compromisos, la mal llamada “Reforma Educativa” fue uno de sus productos; la entrega de “Laptop con internet para alumnos de las escuelas públicas que cursen Quinto y Sexto grados de primaria” es un compromiso presidencial asumido como parte de la política pública de “establecer una política nacional para asegurar que las tecnologías de la información y la comunicación se incorporen provechosamente a la educación”, se aseguró.

En un primer momento a los niños de tres estados del país les entregaron Laptop, en los siguientes años se entregaron tabletas en 15 estados; los dispositivos se otorgaron en propiedad a los alumnos para que se aprovecharan en sus familias, generando una expectativa en los alumnos de primaria, deseaban llegar a 5° grado para tener su tableta. Para el ciclo escolar 2016-2017 docentes y estudiantes no saben si habrá tabletas y si se cumplirá con la promesa presidencial.

La continuidad de las políticas públicas no es algo que caracterice a los gobiernos.  Con Fox se puso en marcha Enciclomedia, con Calderón HDT (Habilidades Digitales para Todos) y con Peña Nieto PIAD (Programa de Inclusión y Alfabetización Digital); las tres políticas públicas se implementaron con el objeto de llevar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a la escuela y al aula para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, incluso se capacitó a los docentes para el uso de los dispositivos electrónicos y las nuevas tecnologías digitales.

Sin embargo de las tres acciones no se conocen resultados concretos, lo único cierto para los docentes es que han sido programas desarticulados, carentes de seguimiento, acompañamiento y evaluación, guiados por ocurrencias o caprichos; los dispositivos entregados han tenido sistemas operativos distintos, se dijo que las escuelas tendría acceso a internet lo que no resultó cierto; México conectado es una simulación, los maestros lo saben.

Lo que estos “cacaraqueados” programas han generado en los docentes es confusión, incertidumbre, incredulidad, enojo; en cada sexenio se dicen cosas distintas respecto a las TIC, se operan de distinta manera y se capacita para cosas también distintas, a partir de que los objetivos no son convergentes, se usa a los docentes en dichos programas y se les engaña diciendo que todas las escuelas tendrán acceso a internet para que funcionen, se juega con el interés y motivación de los estudiantes, se incumplen las promesas, así, no hay reforma posible.

El nuevo modelo educativo 2016 puesto a consulta hace énfasis en la importancia de las TIC en las escuelas, se dice que con ello se disminuirán las brechas digitales, para acceder a otras fuentes de información y conocimiento, ampliar las formas de comunicación, favorecer el aprendizaje colaborativo y otras razones agregadas por la burocracia que tiene en sus manos el asunto educativo, calificándolas como bondades del uso de las tecnologías digitales.

Estos buenos deseos contrastan con la realidad, no todas las escuelas tienen acceso a internet, menos con banda ancha; no todos los alumnos de 5º grado tienen tabletas; no todos los docentes son capacitados en la materia; no todas las aulas tienen la misma infraestructura, en esta realidad lo que se observa es inequidad, exclusión y se violenta el derecho a la educación que para todos debe ser igual; la autoridad educativa tiene un punto de vista distinto, por eso los docentes se enojan y protestan.

La mal llamada “Reforma Educativa” toca las puertas de la simulación y ello la convierte en “engaño educativo” para la sociedad y para los estudiantes. Su propósito fundamental es la calidad educativa que requiere ser evaluada de alguna manera, considerando los componentes que la determinan y cuyos resultados deben ser observables en el desempeño de los estudiantes.

Sin embargo cabe resaltar que la producción legal elaborada no tiene claridad de lo que se debe entender por calidad educativa, el Artículo 3 y 73 constitucionales no son claros al respecto, la Ley General de Educación utiliza el término alejado de las redacciones anteriores y la Ley General del Servicio Profesional Docente simplemente tiene otro rumbo, quizá a eso se deba el conflicto ocasionado por la propia autoridad al no entender lo que se supone debe tener claro.

 

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