Fin De Las Instancias De Conciliación Y Arbitraje
“Hay paz laboral en el Estado de México”, presumen los voceros oficiales de instancias gubernativas como la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría del Trabajo estatal, que por supuesto no es cierto, es suficiente consultar las estadísticas de demandas laborales que se interponen mes con mes en el Tribunal y la Junta de Conciliación y Arbitraje de la entidad, para conocer la gran cantidad de despidos injustificados que cometen los patrones y las instituciones públicas en agravio de los trabajadores, hechos muy distante de la supuesta paz que se pregona en el ámbito laboral.
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), supuesta institución impartidora de justicia laboral para los trabajadores del estado y municipios, en teoría tiene una actuación imparcial con las partes, los abogados que allí laboran no puede inclinar la balanza a favor de ninguno, tienen prohibido litigar, están obligados a ajustarse estrictamente en determinar sus laudos considerando las actuaciones a verdad sabida y buena fe guardada para garantizar la aplicación de la ley.
Lo anterior constituye un romanticismo legal inexistente, el TECA a lo largo de los años se ha caracterizado en ser un tribunal en contra de los trabajadores, abiertamente a favor de las instituciones públicas y aún cuando en el discurso se maneje como tribunal independiente, lo cierto es que no lo es, para muestra lo siguiente:
Un elemento constante de agravios son las determinaciones que emiten en sus acuerdos ─escritos elaborados por quienes allí trabajan, determinando una conclusión de las audiencias o promociones que interponen las partes─, atacando al trabajador y afectando sus derechos, imponiendo criterios personales ─asegura una funcionaria menor actual que es para que entienda el trabajador que nada en fácil en ese tribunal─, por supuesto son documentos alejados totalmente de lo que les establece la ley burocrática local, los que se combaten con amparos ante la justicia federal, ampliando con ello los tiempos de solución de los conflictos laborales en perjuicio del trabajador, más cuando existe consigna del gobierno.
Un ejemplo más de ataque directo a un trabajador, se dio cuando un funcionario del TECA le dice a un profesor despedido que interpuso un amparo directo ante magistrados federales en contra de su laudo ─sentencia─, emitido por el Tribunal sin estudio ni razonamientos lógicos jurídicos, determinando no regresarle su empleo: “Mira nosotros sabremos que te ganamos cuando llegué la determinación de los magistrados, antes no podemos informar que ya perdiste, entiende que el asunto es político, nosotros tenemos que hacer lo que nos indican nuestros jefes…”, constituyéndose en un extremo de parcialidad y nula justicia laboral en el Estado de México, para fortuna de ese trabajador la justicia federal ordenó su reinstalación.
Las experiencias no gratas de los trabajadores son diversas, una sacada de lo que puede calificarse como una fantasía ilegal, ocurrió en la oficina de una presidenta interina del TECA, anterior a la actual titular; en un pago de salarios caídos determinado por laudo a un trabajador, la ex presidenta le requirió en los términos siguientes: “maestro se la va a pagar su dinero, pero tiene que rebajarle doscientos mil pesos al total, si quiere que le den toda la cantidad restante, si no, no…”, solicitud realizada desde su criterio muy personal, sin fundamentación ni motivación legal alguna, contando en ese momento con la presencia del abogado de la institución pública, dadas las circunstancias, predominó en ese lugar y momento en el ambiente un fuerte olor fétido a corrupción, sin relación alguna con la paz y justicia laboral que pregona el gobernador estatal.
La lista es amplia de las cosas malas que no se cuentan, pero que afectan mucho de ese Tribunal, la especialidad permanente de la casa, retardar los procedimiento sin acatar los tiempos legales que les establece su ley para desesperar a los trabajadores y la protección a las instituciones públicas, que han originado el inicio de denuncias penales en contra de funcionarios del TECA, lo que no puede ocurrir en un estado de derecho.
Por esta razón la reforma laboral aprobada la semana anterior, respecto a la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, con su respectiva correspondencia en la desaparición de los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, para colocar la justicia laboral en los poderes judiciales y atendidos los asuntos por jueces en la materia, puede significar el inicio de una prematura impartición de justicia a los trabajadores agraviados, sin causas que lo ameriten, como los que fundaron un sindicato en 2007 (SUMAEM), quienes por el solo hecho de ejercer un derecho constitucional, fueron despedidos por el aparato gubernativo en turno, reinstalados después por mandato de la justicia federal.