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Luis Zamora Calzada

POCO CREIBLE, PERO CIERTO

Los contrastes en educación media superior y superior en el país se intensifican, las actitudes de autoridades y docentes son diametralmente opuestas entre las instituciones que brindan este servicio, no me refiero en esta ocasión a los resultados educativos, ni a las formas de hacer docencia, sino a las ilógicas maneras de querer controlar o bien estimular las actuaciones de los estudiantes.

La semana anterior, diversos medios de comunicación publicaban sobre la participación activa de profesores de la UNAM en apoyo a sus estudiantes pertenecientes al movimiento #Yo Soy 132, quienes no solo manifestaron su acuerdo por el movimiento, sino el gran orgullo que les produce tener alumnos que han asumido una actitud responsable y de valor patriótico para dimensionar la importancia que tiene el sufragio y su ejercicio informado en la construcción del México que establece la Constitución Política de nuestro país.

“Creo que he contribuido con algo en el pensamiento de estos muchachos que nos están dando una gran lección, de ellos tendremos que aprender los padres de familia y los maestros por supuesto”, declaraba una docente; “estoy muy orgullosa de ellos, después del 68, creía que la opresión se había impuesto en todos los estudiantes, que bueno que me equivoque”, comentaba otro; muchas manifestaciones halagadoras en torno al movimiento, con la esperanza fija en la transformación y desarrollo nacional.

En una actitud totalmente opuesta, según publicó un prestigiado diario de nuestra entidad, el director en turno de la preparatoria uno dependiente de la UAEM, inexplicablemente intimidó a sus alumnos para no participar en el movimiento estudiantil; según se reporta, aseguró que de continuar las manifestaciones, seguramente se repetirían los lamentables hechos de la matanza de estudiantes cometidas el 2 de octubre de 1968, las victimas serían ellos; el ejercicio en acción de la postura diazordista en todo su apogeo, en contra de los jóvenes que han dado otro sentido a la lucha electoral que se desarrolla para la obtención de la Presidencia de la República.

No es explicable, ni mucho menos comprensible la actuación del directivo, sobre todo porque la actuación de los alumnos fuera de la institución educativa es responsabilidad individual, en un extremo quienes estarían facultados para cohibir la participación serían los padres de familia, sobre todo en los menores de dieciocho años, posterior a esta edad la persona obtiene el reconocimiento de ciudadano, garantizado por la ley, su actuación por tanto se norma por el estado de derecho, la toma de decisiones ya no depende de ningún otro actor, solo de su consciencia, información y análisis para tomar sus determinaciones, sobre todo al definir el sentido del sufragio que emitirán por vez primera el primero de julio.

 

La participación de los alumnos menores de 18 años, debe preocupar más en el sentido de la probable influencia que generen en sus familiares, amigos, conocidos, sobre una votación informada, ellos estarían impedidos para acudir a las urnas, pero estarán facultados para contribuir con información, sobre todo en las personas que son víctimas del canje del voto por utilitarios, despensas, humillados desde la profundidad de sus carencias materiales y de escolaridad de quienes han encontrado en esta modalidad de agravio para hacerse del poder de la representación popular.

Sin embargo la acción de origen es la actitud del Director, en primer lugar si su actuación es de muto propio, en que la fundamenta, dado que no existe normatividad alguna que le faculte para ello, como autoridad educativa solo debe acatar lo que le permite su propia legislación, lo que no le está permitido en sus leyes y reglamento, le está prohibido; los estudiantes en cambio lo que no les está prohibido en la misma normatividad, les es permitido.

Si la actuación del Director es por encargo, estaríamos realmente enfrentando violaciones a la ley electoral, suponiendo que haya recibido órdenes de sus inmediatos superiores, se estaría ante un panorama de retroceso universitario en donde sería necesaria la denuncia ante las autoridades competentes para iniciar las indagaciones que ameriten el caso; más grave sería que la actuación fuera por una inclinación o afiliación partidista, pretendiendo con la medida asumida el beneficio de los candidatos de algún partido, configurando un probable delito electoral que debe conocer de nueva las instancias competentes.

Cualesquiera que sean los motivos del director, lo cierto es que está evidenciando un modelo represor que se pensaba superado desde 1968, en la otra cara de la moneda se encuentra la determinación de los jóvenes estudiantes, la información y del uso de las redes sociales para combatir la intimidación que se pretende imponer.

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