¿QUÉ SIGUE?
Soy Normalista, pero pudiera ser Universitario, Politécnico, del Conalep o de cualquier otra institución de educación superior de nuestro país, lo cierto es el dolor que causa saber la casi segura masacre de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero y sin importar de donde sea egresado o en el carácter de estudiante, lo triste es el sentimiento que se experimenta ante estos hechos lamentables, que reflejan una crisis en el gobierno de nuestro país y sus probables concatenaciones con la estructura gobernante.
En mi condición de normalista, no sobra decir que una gran mayoría de quienes accedemos a estas instituciones formadoras de docentes, no gozamos de una situación económica de abundancia, vivimos al día; los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero están igual, escuela normal que conocí en el año dos mil, impartiendo conferencias de lecto escritura, por lo que puedo asegurar el gran nivel de lectura en el alumnado, pero también la terrible sed de justicia que parece huir del lugar ante las grandes deudas que tiene con la gente y que no termina de pagar, injusticias que en cualquier parte de México están presentes, por culpa de las instancias y sus titulares en turno que vulneran impunemente el estado de derecho que deben acatar.
Que esperan las estructuras de gobierno para aplicar la ley, simplemente eso, la aplicación estricta del marco normativo que rigen a las instituciones, sobre todo ahora, que ya es de conocimiento público el vínculo directo de un presidente municipal con la delincuencia organizada, con rasgos que indican la construcción de un cogobierno, ejemplificado en la instrucción girada por un director de seguridad pública municipal (el de Iguala) para detener a los estudiantes y un delincuente ordenar a los policías su asesinato.
Lo anterior es inaceptable e inconcebible para un estado que prometió el primer mundo con reformas y reformas quizá predestinadas al fracaso, que por la propia realidad no han sido, ni serán capaces de bajar ni el costo de la gasolina, ante la gran inseguridad que priva.
La inacción manifiesta es palpable, por qué a pesar de tener conocimiento pleno de los ex presidentes municipales de Michoacán ligados a la delincuencia, a lo que se suma la gravedad del caso Iguala, son omisas en ordenar una investigación a fondo o practicar al menos las pruebas de confianza a los presidentes municipales del país, a los legisladores locales y federales, con rigor y en términos de ley que clarifique sus perfiles ante la gente.
Debido a los hechos públicos dados a conocer, otros servidores públicos en cualquiera de las estructuras gubernativas pudieran no escapar de esquemas similares, dejándonos a la sociedad en estado de indefensión.