Toluca / Estado México
Con nacionalidad mexicana única debe contar quien aspire a ejercer o ejerza la gubernatura del Estado de México, fue la propuesta del diputado local de Morena Maurilio Hernandez González.
La cual también establece que debe de renunciar previa y efectiva a cualquier otra nacionalidad (en caso de tenerla), antes de solicitar su registro como candidato o candidata.
Al exponer su propuesta en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, el proponente señaló que se busca que, para este cargo, además de cumplir con el requisito de la ciudadanía mexicana por nacimiento y contar con pleno goce de sus derechos políticos, la persona sea hija o hijo de padre o madre mexicanos y no tenga ni adquiera otra nacionalidad. Pero que, en caso de tenerla, renuncie a ella previo a solicitar su registro.
Detalló que la iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal considera que esta prohibición abarque el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos inherentes a otra ciudadanía y el acogimiento a la protección diplomática de otro país. Además, propone que el incumplimiento se sancione conforme a las disposiciones constitucionales federales y estatales correspondientes.
En tribuna, Maurilio Hernández argumentó que la titularidad del Poder Ejecutivo exige un estándar reforzado de lealtad institucional por sus atribuciones en conducción política, seguridad, administración pública, relaciones internacionales y representación estatal.
Añadió que su iniciativa no pretende descalificar a las personas con doble nacionalidad ni negar la legitimidad de esa condición para la ciudadanía en general, sino establecer una condición objetiva para un cargo unipersonal de máxima responsabilidad pública.
La iniciativa también busca armonizar la legislación estatal con una reforma constitucional federal en materia de nacionalidad única para quienes encabecen los poderes ejecutivos, el proponente recordó que el Congreso mexiquense aprobó la minuta federal el 30 de septiembre de 2026, como parte del proceso de aprobación por los congresos locales.
Cabe señalar que actualmente la Constitución estatal establece sanciones administrativas para las y los servidores públicos que incumplan sus obligaciones, entre ellas, amonestaciones, suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y sanciones económicas; las faltas graves son resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa y las no graves, por los órganos internos de control.
Por su parte, la Constitución federal señala que las personas titulares del Poder Ejecutivo estatal pueden ser sometidas a juicio político por violaciones graves a la Constitución y las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
En caso de aprobarse la iniciativa, la Legislatura deberá realizar, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, las reformas necesarias al Código Electoral del Estado de México para adecuarlo a su contenido.