Tlalnepantla / Estado de México
Mientras el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México se pronunció públicamente por la importancia de fortalecer el ejercicio periodístico y consolidar mecanismos de protección a periodistas; en contraparte, el presidente municipal de Atlautla Lucas Torres Rosales emanado de las filas de este instituto político, protagonizó un acto alarmante de represión, agresión y privación ilegal de la libertad en contra de una periodista.
En un claro contraste con el discurso institucional, el pasado fin de semana el Alcalde ecologista ordenó la detención arbitraria de la periodista Erika Sánchez, quien.labora en el periódico «Voz de Oriente».
La comunicadora denunció haber sido privada de su libertad durante casi 30 minutos dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal por órdenes directas del Ejecutivo Local.
“Fui privada de mi libertad; cuatro policías municipales me tomaron de los brazos, me arrebataron mi bolsa, decomisaron ejemplares del periódico que llevaba y me quitaron el celular para borrar fotografías y videos que documentaban las fallas de la Feria del Capulín”, relató Sánchez. El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad internas.
De acuerdo con su testimonio, Lucas Torres respondió de forma tajante al ser contactado durante la agresión, reconociendo que él dio la orden para detenerla: “No voy a permitir que hablen mal de mí. Yo no pago para que me peguen”, dijo el Alcalde, dejando en evidencia una flagrante violación a la libertad de expresión y a los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante el incidente, también fueron agredidos verbalmente otros miembros del medio; el director del periódico Ricardo Espejel fue intimidado por policías municipales al intentar auxiliar a la reportera.
La reportera ya presentó una denuncia penal por los hechos, que podrían configurar delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y violaciones a los derechos humanos.
Este acto se inscribe en un contexto alarmante para el periodismo en México. Según el índice de libertad de prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras, el país ocupa el lugar 121 de 187 naciones, mientras que el Comité para la Protección de Periodistas ha documentado al menos 68 asesinatos de periodistas por motivos vinculados a su labor entre 2000 y 2024.
La contradicción es grave, el Partido Verde Ecologista en el Congreso mexiquense a través de la diputada Miriam Silva Mata se pronunció en días pasados por el fortalecimiento del periodismo; esto al hacer un pronunciamiento con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa -3 de mayo-.
Pero en los municipios donde son gobierno, se criminaliza, acosa y censura a periodistas que cumplen con la función fundamental de documentar y denunciar los abusos del poder. La represión a la libertad de prensa no solo atenta contra periodistas individuales; es un ataque directo al derecho de toda la ciudadanía a estar informada.
Hoy, el caso de Erika Sánchez revela la distancia abismal entre el discurso y la práctica del Partido Verde Ecologista en el Estado de México. Si el compromiso con la libertad de expresión es genuino, los hechos deben hablar más fuerte que las declaraciones.
