Luis Zamora Calzada.
La mal concluida “mesa de la verdad”, que colocó en el centro de la discusión los compromisos de un candidato que prometió a militantes de su partido, durante una campaña política para lograr la gubernatura, olvidó la parte demandante la existencia de un documento que obliga al ex mandatario estatal y que contiene todos los planteamientos que debió haber realizado para toda la población, el que fue signado en puño y letra en carácter de Gobernador Constitucional y no de simple candidato, que puede ser susceptible de responsabilidades legales.
La emisión del documento fue y es una obligación que establece la ley estatal y se denomina “Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011”, en su apartado visión de gobierno y a manera introductoria estableció:
“El siglo XXI presenta un amplio horizonte de posibilidades para nosotros y, al mismo tiempo, es una época de grandes desafíos. La transformación de nuestra época demanda encontrar mejores soluciones a los problemas recurrentes de la sociedad; de ello depende la calidad de vida de las familias mexiquenses.
Éste es el gran reto que ciudadanos y gobierno debemos enfrentar con responsabilidad; para ello nos estamos preparando desde ahora.
En este contexto, el presente Plan de Desarrollo reviste una enorme importancia, ya que constituye el documento rector de las políticas públicas que habremos de implementar en el Estado de México, para brindar Seguridad Integral a cada mexiquense.
Este documento concibe una estrategia de desarrollo basada en un gobierno responsable y moderno, capaz de propiciar un ambiente de acuerdos y consensos; que conduzca el esfuerzo social para concretar acciones, programas y proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de los mexiquenses.
La Seguridad Integral es un concepto que se sustenta en tres pilares fundamentales: la Seguridad Social, la Seguridad Económica y la Seguridad Pública.
Vamos a ejercer un gobierno en el que todos los sectores de la sociedad, particularmente los más vulnerables, cuenten con las capacidades físicas, intelectuales y emocionales necesarias para incorporarse al desarrollo. Éste es el fundamento de la Seguridad Social.
Vamos a generar condiciones propicias para la inversión del sector privado, y a mejorar el ambiente general de negocios, para que nuestro mercado sea más productivo y competitivo. Ésta es la base de la Seguridad Económica.
Vamos, también, a replantear las políticas estatales para que las autoridades garanticen la plena vigencia del Estado de Derecho; para que las personas físicas y morales gocen del fruto de sus esfuerzos, con la confianza de que sus derechos están a buen resguardo. Éste es el detonador de la Seguridad Pública. …”
La lectura del último párrafo de la cita y por mencionar un caso, se contradice con todas las actuaciones ejercidas contra los fundadores del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, quienes por el hecho de haber ejercido el derecho establecido en el artículo 123 constitucional, como se sabe surgió un estado autoritario que se creía superado en nuestra entidad e intentando reprimir el ferviente deseo de libertad sindical, se castigo a los “atrevidos, insolentes e ilusos maestritos de la iniciativa” con un despido injustificado, privándolos del trabajo y del salario, los que se recuperaron gracias a la justicia federal dos años con ocho meses después, ordenando a las instancias estatales a reinstalar a los trabajadores e integrarles sus salarios, sin que existiera ningún cumplimiento y respeto al estado de derecho y mucho menos de libertades.
Es fundamental el análisis del plan que supuestamente debió haberse cumplido en nuestro Estado, la revisión de cada uno de sus tres pilares considerando el apartado de diagnóstico y el de prospectiva que ofrece vertientes y un listado de metas, dará al lector la oportunidad de normar su criterio y de concluir la diferencia abismal entre los simples compromisos de campaña, con lo establecido en el plan de desarrollo, que quedó en probable abandono.
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