Ecatepec / Estado de México
El secretario Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Martínez Vargas, celebró que el PRD en el Estado de México promueva la iniciativa anticorrupción Ley3de3.
Al sumarse y firmar esta propuesta ciudadana, precisó que con la Ley General de Responsabilidades Administrativas se pretende forjar futuros gobiernos más honestos e íntegros, además destacó que se incluyen sanciones severas y lista negra de servidores públicos corruptos.
Por su parte, Javier Salinas, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Legislatura mexiquense, anunció que presentará la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Advirtió que la creación de un nuevo marco jurídico para el Estado de México, en materia de combate y sanción a la corrupción de servidores públicos, no puede esperar más ni requiere que se expidan las nuevas leyes generales.
Por esta razón, adelantó que hizo suya la propuesta del Instituto Mexicano de la Competitividad, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias y Transparencia Mexicana, aterrizándola a nivel local.
La iniciativa, que ya se encuentra lista, considera como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos y a los particulares.
Como categorías específicas define a las empresas productivas del Estado, asociaciones, sindicatos u organizaciones de naturaleza análoga que tengan a su cargo la asignación, administración y ejecución de recursos públicos; a los candidatos, partidos políticos, asociaciones y personas electas para el desempeño de un cargo público y que manejen erario; y a las personas que forman parte de los equipos de transición federal, local y municipal, quienes serán considerados como servidores públicos para efectos de esta norma.
Su catálogo coercitivo contempla castigos que van desde la amonestación, sanciones económicas, resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos estatales o municipales; suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; suspensión de actividades, disolución o intervención de sociedades, destitución del puesto; inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; e inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, recibir subsidios, donativos u otros beneficios que establezcan las leyes.
Entre las faltas graves contempla el soborno, peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, utilización de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
La iniciativa obliga la creación de un nuevo Registro Local de Servidores Públicos Sancionados, que será de carácter público y de consulta obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos de todos los Poderes, órdenes de Gobierno, órganos autónomos del Estado Mexicano y empresas productivas del Estado, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona.
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