Toluca / Estado de México
El gobernador del Estado de México solicitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emita sus opiniones respecto al contenido de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, con la intención de enriquecerla y hacerla más eficiente, garantizando una protección amplia a las garantías de las personas.
“Este es un gobierno democrático y desde luego respetamos todas las voces. Podremos estar no de acuerdo con algunas, pero siempre respetaremos su derecho a expresarse. Yo estoy cierto que aquellas voces que no coinciden con algún contenido de esta ley aprobada por el Congreso del Estado de México, una vez que revisen estas recomendaciones de la Comisión Interamericana, una vez que revisen con detalle la jurisprudencia, las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisen tratados internacionales estoy cierto que podrán cambiar su opinión”, aseguró.
El mandatario enfatizó que esta ley responde a una recomendación emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, emitida en el informe 243, publicado en marzo de 2015, para normar el uso de la fuerza pública bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, dijo el gobernador al acudir al Informe de Gestión 2015, del presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Baruch Delgado Carbajal.
Eruviel Ávila indicó que a tres meses de que esta ley entre en vigor, existe la voluntad de realizar los ajustes que sean necesarios y enriquecer el reglamento de la nueva normatividad, la cual también está en sintonía con la Carta Magna, así como con las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Señaló que esta ley favorecerá la protección más amplia a los derechos de las personas, ya que es un documento garantista que pone candados y frena cualquier tipo de abuso que pudieran cometer corporaciones policiacas, además de equilibrar las garantías de protección de los Derechos Humanos ante el eventual uso de la fuerza pública, a la par de promover la profesionalización de los cuerpos policiales en apego a códigos, protocolos y estándares internacionales.
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