Agobian las deudas laborales y a proveedores a gobiernos municipales, que por años no han pagado las pérdidas de laudos laborales que han perdido en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, acumulando millonaria suma dichas autoridades locales al evadir la ley correspondiente a lo largo de varias administraciones, y ahora esos gobiernos que se negaban a solventar esos adeudos, se ven obligados a cumplir el pago de esos laudos, mermando los presupuestos del erario municipal.
Esta práctica de incumplimiento al ordenamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, por parte de los gobiernos municipales, en este primer semestre del año complicará a la vez el rezago de servicios públicos, de seguridad pública, de educación, salud entre otros servicios prioritarios para la población, al tener que desembolsar importantes sumas millonarias para cubrir el pago de los laudos a extrabajadores municipales, así como a proveedores.
Los municipios con mayor número de denuncias laborales son Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Coacalco, entre otros con menores adeudos, pero que tienen cuentas pendientes con las representaciones de Conciliación y Arbitraje, donde radican a la vez más de 6 mil demandas laborales contra los gobiernos municipales.
Existen municipios que prácticamente se ven imposibilitados para pagar esos laudos laborales como sucede en Cuautitlán Izcalli, que tiene una deuda de más de 300 millones de pesos.
Por su parte los gobiernos municipales actuales que se ven en problemas para pagar los laudos laborales que perdieron ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, argumentan algunos funcionarios, que existen esos conflictos de demandas laborales desde los años 2003 al 2015, porque los cambios de gobiernos de diversos colores partidistas, dejaron cientos de trabajadores que no tenían una antigüedad acreditada para que fueran incorporados a la plata laboral sindical correspondiente lo que permitió que cientos de trabajadores al verse desplazados de sus trabajos o cargos, demandaron su despido injustificado, aun cuando una mayoría de esos trabajadores fueron empleados de confianza; pero fueron favorecidos por sus jefes y apoyados por líderes sindicales anteriores.
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