Poco caso hicieron las presidentes municipales de los 125 demarcaciones en la entidad mexiquense, al hacerse acreedores por sanciones administrativas de haber nombrado a servidores públicos que no cumplían con el perfil señalado en la Ley, para desempeñar determinados cargos públicos, sobre todo en órganos claves como las tesorerías municipales, así lo dio a conocer el contralor del Congreso Local Victorino Barrios Dávalos.
Además la Contraloría del Poder Legislativo Mexiquense, lleva a cabo investigaciones a ediles que cometieron abusos y no atendieron a tiempo las recomendaciones que les envío la Contraloría, por lo que se abrieron procedimientos administrativos al menos a 124 municipios de los 125 que conforman el Estado de México, los alcaldes son los responsables de esas faltas administrativas, porque los nombramientos de los integrantes de los gabinetes municipales, son ellos precisamente, además por no vigilar que esos funcionarios cumplan con los requisitos de ley para desempeñar cargos públicos, como tesoreros, directores de obras públicas, directores de desarrollo económico, secretarios del ayuntamiento entre otros a quienes la Ley les exige un perfil profesional, del cual carecen los ahora señalados por la Contraloría del Poder Legislativo.
Este problema obedece principalmente porque los grupos políticos que acompañan a los gobiernos municipales, son quienes pretenden imponer a sus incondicionales en los puntos clave de las administraciones locales, para mantener sus interese particulares, y la ciudadanía es a final de cuentas quienes resultan afectados y se rezagan su demandas sociales y civiles.
En otro asunto sucede lo increíble, que Algunos servidores públicos del Poder Judicial mexiquense han promovido amparos contra el instituto de Transparencia local para evitar que se den a conocer sus salarios, recibos de nómina, bonos y gratificaciones especiales que reciben. En estos momentos el tema se encuentra en litigio.
Ello abona a que la ciudadanía menos crea en las autoridades que debieran procurar por aplicar la justicia, estos servidores públicos –claro que no son todos, salvo unos cuantos se apegan a cumplir la ley-, que ocultarán los servidores públicos de Poder Judicial mexiquense, esperemos los ciudadanos que no tengan que esconder algo ilícito en sus correspondientes responsabilidades en el marco legal judicial.
Al respecto la comisionada presidenta, Zulema Martínez explicó que integrantes del Poder Judicial mexiquense tiene un amparo contra el Infoem porque le ordenó entregar información sobre nóminas y currículums que son información pública de oficio.
Advirtió que el juicio de garantías lo promovieron como personas, para señalar que el tema de nóminas no es materia de transparencia y se deben proteger los datos personales, pues señalan que el ser servidor público no les exime de tener privacidad.
Dijo, también deben darse a conocer los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente. Esa información es pública de oficio, es decir, que todos los sujetos obligados deben tenerla disponible, sin necesidad de que algún ciudadano la solicite a través de transparencia.
Durante la sesión en que se eligió a la nueva comisionada presidenta, el comisionado José Guadalupe Luna advirtió que entre los retos que tienen está el tema de los amparos de servidores del Poder Judicial que quieren impedir que se den a conocer sus salarios y gratificaciones.
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