Los excesos de la partidocracia ha llevado a utilizar recursos económicos ilegales en las campañas políticas, ya sea de financiamiento público o privado, provocando mayores gastos de dinero ilegal para favorecer a los candidatos de cualquier partido político en contienda; imposibilitando los programas de regulación existentes en materia electoral, como sucede con el sistema de Financiamiento Público de Partidos y Campañas, que se creó en 1996 con la intensión de controlar el gasto de campañas, pero ha fracasado, porque las dirigencias de los partidos políticos violan e ignoran dichos programas que ayudarían a dar legalidad a la democracia en nuestro país.
Este es el resultado que dió a conocer la ponencia de “Dinero bajo la mesa”, es un estudio coordinado por María Amparo Casar, Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Luis Carlos Ugalde director general de integralia Consultores, con el apoyo de investigación de Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González.
Para realizarlo se llevó a cabo una amplia investigación documental y hemerográfica en la que se entrevistaron a más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos Gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas.
La presentación de dicho estudio revela el financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, que aborda el principal problema de la democracia electoral mexicana: el exceso de dinero ilegal, tanto público como privado, que fluye a las campañas para ganar elecciones y comprar beneficios futuros, como acceso a contratos de obra pública, permisos especiales, compra de impunidad y acceso a regulación favorable para hacer negocios.
El estudio demuestra que el generoso sistema de financiamiento público de partidos y campañas que nació en 1996 ha fracasado en combatir la influencia del dinero ilegal en la vida democrática y que se requiere recomponer el sistema de pies a cabeza. Una reforma electoral “base cero”.
Principales hallazgos:
Por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de Gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce.
En promedio, los candidatos a Gobernador gastan diez veces más que el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.
Las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.
Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros.
Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros. El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación.
El principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios.
Sería bueno que los políticos y las dirigencias partidistas respondieran a este programa que analiza las formas de cómo se utilizan los dineros de financiamiento de las campañas políticas para dar a la ciudadanía una certidumbre de esos recursos en favor de la democracia del país.
Leave feedback about this