LAVADERO POLÍTICO

Ya no habrá privilegios para los alcaldes deudores que evaden la ley de responsabilidades al omitir recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia, por incumplimiento de laudos laborales, o de deudas contraídas que afectan el financiamiento de los municipios, por lo que con la reforma y modernización del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, los legisladores locales, aprobaron las reformas para obligar a los presidentes municipales a pagar a los trabajadores afectados los conceptos económicos por conflictos laborales.

Los ediles morosos junto con demás integrantes de cabildos, son considerados como responsables solidarios de los laudos, ahora podrían verse obligados a pagar las deudas por ese rubro laboral, no sólo con los bienes de los bienes del ayuntamiento; sino que también sus bienes personales, podrían ser confiscados.

En este punto la legisladora Juana Bonilla advirtió que con las reformas meten a todo el cabildo como responsable de los laudos, pero les preocupa porque al cobrarlos, los acreedores podrían ir no solo contra los bienes del ayuntamiento; sino también contra los personales; por lo cual buscarán cambios y dejar solo la responsabilidad al alcalde, síndico y tesorero. Justo por ese tema el dictamen se votó por mayoría, pues PAN, PRD, Morena y PT se abstuvieron.

El problema del endeudamiento de los ayuntamientos se estima entre 3 y 4 mil millones de peso entre los 125 municipios que se ven afectados por ese tipo de incumplimiento de pagos de laudos laborales y enfrentan presiones financieras; debido a ello los legisladores avalaron reformas para presionar a los ayuntamientos a pagar y establecer un presupuesto para cubrir las responsabilidades económicas por conflictos laborales.

Un ejemplo de la aplicación de la justicia laboral, sucedió en la actual administración del municipio de Coacalco, donde después de la inhabilitación ordenada por la Suprema Corte de Justicia de los integrantes del cabildo de Coacalco –actual y anterior- y de ediles de otras entidades, los legisladores avalaron cambios legales para que los servidores públicos no esperen a que los adeudos se vuelvan impagables, ni los hereden a otros gobiernos.

También se prevé que en casos de incumplimiento del laudo las autoridades responsables que no paguen podrán ser sancionadas con multas de 100 a mil días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, de 8 mil a 80 mil pesos.

La diputada destacó que la reforma tiene cuestiones positivas como la modernización del Tribunal estatal de Conciliación y Arbitraje, la creación de más salas, la firma electrónica, el hecho de que cada presidente municipal debe dar cuenta de los pendientes y antes de que la Suprema Corte inhabilite se impongan multas, como medidas de presión.

Los municipios, advirtió, deben tener un presupuesto para hacer frente a los adeudos y los municipios tendrían que tener informes mensuales de ellos.

Además, los abogados para ser representantes de los quejosos ahora se deberán acreditar para evitar el coyotaje; se amplía la clasificación de trabajadores con funciones de confianza; se incluye la caducidad del juicio por inactividad procesal de 120 días y se prevén los casos en que se suspende el cómputo. También se señalan las notificaciones vía correo electrónico y se contempla el incidente de suspensión de salarios vencidos y su tramitación.

Además, habrá sanciones a quienes en el juicio presenten documentos o testigos falsos y a personas ajenas que teniendo conocimiento de los hechos o documentos no contribuyan al esclarecimiento de la verdad y a quienes promuevan acciones, pruebas, o diligencias notoriamente improcedentes. Con las reformas también se da autonomía al Fondo Auxiliar del Tribunal.

La diputada local advirtió que el problema principal es que los municipios no tienen dinero para pagar y que la mayoría de los laudos son heredados y este jueves tratarán de hacer ajustes finales al dictamen avalado este miércoles por la noche, por mayoría de votos.