Pasan los años y el Estado de México sigue siendo un calvario para las mujeres que viven o realizan sus actividades en algunos de sus municipios; son víctimas de la violencia.
No hay semana que no haya datos de mujeres desaparecidas, asesinadas o ultrajadas.
El más reciente caso es el de Amelia, una chica que estudia en FES Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fue violada en plena vía pública, a la vista de muchas personas, que sólo pasaban, miraban con asco, pero no hicieron nada por auxiliarla.
Que situación más lamentable, qué nos ocurre como sociedad, somos incapaces de tenderle la mano al otro, ni hablar de ser empáticos con su dolor y sufrimiento. Que a caso no se preguntan si hubiera sido su madre, su hermana, su esposa, su hija o cualquier ser cercano al que se ame.
Pero ahí no paró el horrible hecho que le sucedió a Amelia, la chica de 22 años tuvo que esperar siete horas en el Ministerio Público para que la revisara un médico legista y 10 horas para poder hacer su denuncia. En todo ese tiempo no se pudo bañar ni limpiar, comió hasta 6 horas después, por lo que casi se desmaya.
Además, junto con la policía, regresó al lugar de los hechos en busca de una cámara de vigilancia, pero no la hubo.
Sus compañeros universitarios se han manifestado para que los gobiernos de Naucalpan y del Estado de México hagan justicia, pero también para que garanticen la seguridad de las y los jóvenes. Mientras que la UNAM le exigen se pronuncie ante los hechos y tome cartas en el asunto.
Pese a la Alerta de Género implementada el sexenio pasado, pasan los meses y no se ven resultados, no hay garantía para la seguridad de las mujeres, en las calles siguen sueltos delincuentes que atentan contra la dignidad y vida de este sector.
Se acerca el primer informe del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien deberá responder por esta ola de violencia que no se detiene desde dos administraciones atrás; pero además deberá impulsar acciones contundentes que detengan cada uno de estos crímenes y garantizar la justicia de las afectadas, por un lado castigando a los culpables, pero también mejorando la seguridad y el servicio de los ministerios públicos, pues la gente que labora ahí está demostrando ser incompetente y no atiende de manera pronta y eficaz a las víctimas.
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