Toluca / Estado de México
En el Estado de México las personas con antecedentes de violencia política contra mujeres y deudores alimentarios, no podrán contender por cargos públicos en 2021; la propaganda política o electoral no podrá contener mensajes discriminatorios y/o violentos contra mujeres,
Lo anterior fue aprobado por la 60 legislatura local tras las reformas impulsadas por las diputadas Karina Labastida Sotelo y Mariana Uribe Berna, quien al leer el dictamen en tribuna, recordó que con estas reformas, que agrupan seis iniciativas, a las que se sumaron otros grupos parlamentarios, la Legislatura se reitera pionera en materia de paridad de género, y reconoce el derecho de las mujeres a participar en política y en cargos públicos, “pues tradicionalmente se les ha menospreciado y se ha impuesto el dominio del hombre”.
La diputada local destacó: “Hoy abrimos la puerta para que más mujeres se empoderen, rompan paradigmas, ocupen cargos públicos y de alto mando. Abrimos un camino para hombres y mujeres, decimos basta a expresiones de machismo y que empiecen a tratarnos como pares”. Destacó que estas reformas aprobadas ponen freno a la violencia política, garantizan el respeto a los derechos políticos, y a la paridad de género en la administración pública estatal y organismos autónomos como el IEEM y el Tribunal Electoral.
Y la diputada Azucena Cisneros Coss precisó que en la elección de 2018, el 62.5 por ciento de las ex candidatas se asumieron como víctimas de violencia política, y recordó que la propia ex aspirante morenista a Gobernadora, Delfina Gómez fue víctima de agresiones y comentarios machistas cuando el 17 de abril, Claudia Ruiz Massieu, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral, la llamaron “incapaz, manipuladora y mentirosa”.
“Dudar de la inteligencia política, de la capacidad y de la autonomía de una candidata por ser mujer y pobre, es una de las formas más perversas de violencia política de clase y de género”, acusó Cisneros.
Pese a que el 52 por ciento de la población son mujeres en la entidad, su participación en la vida política no es equitativa, pues nunca habido una Gobernador, solo hay alcaldesas en 40 de los 125 municipios y de las 18 dependencias estatales, solo 5 están encabezas por una mujer.
En tanto Mario Gabriel Gutiérrez aseveró que luego de intensas discusiones se logró consenso entre los grupos parlamentarios para poner frenos a agresores y deudores alimentarios que quieran ser candidatos o trabajar en el servicio público, y además se impulsan los idearios plasmados en la Cartilla Moral.
En su intervención, Max Correa sostuvo que en la 60 legislatura, son las diputadas quienes imprimen dinamismo especial y transformación profunda, y reconoció los esfuerzos de los grupos parlamentarios para aprobar los dictámenes. “En la Cuarta Transformación es posible reivindicar los derechos de las mujeres y reconocerlos plenamente sin escatimar, por eso Morena y la 4t habrá de ser feminista o no será”, aseveró.
En el Código Electoral del Estado de México, ahora los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Las reformas crean la Unidad Técnica Para Atender la Violencia Política Contra Las Mujeres, del IEEM y que se encargará de atender agresiones a precandidatas, aspirantes, militantes, servidoras públicas, periodista y defensoras de derechos humanos.
Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista.
En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los partidos políticos deberán observar el principio de paridad de género tanto vertical como horizontal.
En el pleno se presentaron dos proyectos de decreto, uno con reformas constitucionales en la materia, y otro que modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Electoral, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de la Fiscalía General de Justicia, respecto de la violencia política, paridad de género y lenguaje incluyente.
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