Por: Óscar Sánchez
Toluca / Estado de México
La bancada del Partido Verde propuso reformas a diversas ordenanzas estatales para establecer como delito de obstrucción a la inversión, la persona servidora pública municipal, que incurra en omisión de pago de pasivos a proveedoras de bienes, servicios o insumos, un delito sancionado en la actualidad con penas de 5 a 10 años de prisión, así como la destitución del cargo e inhabilitación en el servicio público por el mismo período.
Esta iniciativa, indica que corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, indicar el pago de una indemnización cuando por estos actos, se provoquen daños y perjuicios a personas proveedoras con las cuales, habrían adquirido todo tipo de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones; además, la o el servidor tendrá la obligación de reparar en su totalidad los daños y perjuicios causados, en caso de que existan personas hayan obtenido un beneficio indebido, serán considerados responsables solidarios.
Se agrega que dichas personas servidoras públicas, en su calidad de sujetos obligados a ser transparentes para dar a conocer la información oficial en su poder, tienen el deber de poner a disposición del público la información relativa a los adeudos con personas jurídicas colectivas proveedoras de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones.
Con lo que respecta a los municipios, el listado de las personas jurídicas colectivas proveedoras de bienes y servicios, criterios de contratación, montos de deuda y pagos realizado, así como cada uno de los elementos que acrediten esta información.
Se propone también que, en el período de entrega recepción, los asuntos y compromisos financieros que rebasen el término de su gestión como autoridad municipal, y los inconclusos, se deberán registrar debidamente en el acta correspondiente, documentos y justificados por la administración pública municipal que entrega el cargo.
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