La tan cuestionada Reforma Energética y sus leyes secundarias llegó a uno de sus clímax, con el respaldo, muy predecible, de las bancadas del PRI y PAN, en el Senado de la República.
Los principales puntos de este paquete de iniciativas son la apertura total al capital privado en la explotación y venta de petróleo, tema muy polémico, pues aunque los hidrocarburos se mantienen como propiedad de la nación, las empresas tendrán las puertas muy abiertas (para llevarse el petróleo) y jugosas ganancias.
El sector privado también podrá incursionar en el abasto de energía eléctrica, de tal manera que ya no será tarea exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con esto, el gobierno mexicano promete que la competencia hará que mejoren los servicios y bajen los precios, habrá que ver.
También fue motivo de intenso debate la explotación de los yacimientos de gas de lutitas que se encuentran en el noreste del país, y que para su extracción se pretende utilizar el fracking o la fracturación hidráulica.
Otro motivo descontento fue que se permitirá la “ocupación temporal” de tierras en los sitios donde se detecten hidrocarburos, aunque los dueños de los terrenos no lleguen a acuerdos con las empresas que pretendan extraerlos.
Por último, se ha integrado a esta discusión modificar el contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados de la petrolera, así como la absorción de sus pasivos, y también de los de la CFE, por parte del gobierno federal, repitiéndose el caso del Fobaproa.
El momento final de este paquete de leyes secundarias se espera sea en la primera semana de agosto, cuando la Cámara de Diputados sea sometida a votación, de aprobarse el presidente Enrique Peña Nieto la promulgará.
Cabe destacar que desde 2008 empresas privadas participaban en la exploración de yacimientos y explotación de hidrocarburos, pero el producto se entregaba a Pemex, quien lo comercializaba en el país y en el extranjero.
Pero con este nuevo esquema, Pemex competirá con las empresas privadas, lo único que se le garantizó fue la asignación de los mejores yacimientos que hay en el país.
Su régimen fiscal también cambiará y la paraestatal ya no tendrá que impuestos superiores a sus ganancias, lo que la colocaba en la principal proveedora de recursos públicos del gobierno, ahora sólo entregará 30 por ciento de sus ganancias a Hacienda, lo que permitirá renovar sus instalaciones y explorar nuevos mantos, aumentar la producción de gas y petróleo, según anticipa la Secretaría de Energía.
El dinero que deje de recibir el gobierno, según se compensará con la renta petrolera y la carga fiscal a las empresas privadas que participen en el mercado, por lo que el Estado mexicano deberá recibir por lo menos el 50% de las ganancias generadas por la explotación de hidrocarburos.
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