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Editorial.-Mucha tarea para el ombudsman

Con tan sólo dos semanas de haber tomado la máxima responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Baruch Florente Delgado Carbajal tiene mucho trabajo, pues existe una larga lista de anomalías en la materia.

El nuevo ombudsman debe tomar cartas en el asunto sobre las cientos de personas de desaparecidas en la entidad mexiquense, también hay una larga lista de denuncias de detenciones arbitrarias, donde la gente es tortura y obligadas a firmar falsas declaraciones.

También está el tema de los feminicidios, en donde la exigencia de las familias afectadas es declarar la alerta de género; además del caso Tlatlaya, que ha lanzado nuevas líneas de investigación, que aunque es un tema correspondiente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sería importante conocer la postura de la Codhem, puesto que están involucrados funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, a quienes se les acusa haber retenido y torturado a tres mujeres.

Las nuevas investigaciones arrojan que el Ejército bloqueó la investigación de la CNDH y así conocer quiénes fueron los soldados involucrados, además de dos generales, según información oficial.

A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que no cuenta evidencias documentales para mostrar bajo qué circunstancias actuaron sus elementos al llegar a la bodega ubicada en el poblado de San Pedro Limón, se sabe que estuvieron presentes 55 elementos del Ejército, de dos diferentes batallones y no de uno como se informó en un principio. También salió a la luz la presencia de 21 marinos, quienes estuvieron ahí al menos ocho horas.

A pesar de que el manual de uso de la fuerza del Ejército establece que se deben llevar cámaras de video para grabar las acciones, la Sedena indicó que ese día el batallón no llevaba el equipo necesario, pues habían anticipado que para el patrullaje de ese día no había necesidad de usar armas.

Esta es la respuesta oficial fue firmada por el  comandante de la zona militar 22, localizada en el municipio de Santa María Rayón: “La comandancia del 102/o batallón de infantería señaló que carece de evidencia documental respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado 30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base apoyó a los elementos agredidos inicialmente”.

Y existe una larga lista de anomalías en este caso, que merecen hacerse públicas y seguir indagando hasta esclarecer los hechos.

Y bueno, Baruch Delgado tiene una gran responsabilidad, pues tiene que dar respuesta a todas estas situaciones que atentan contra los derechos humanos, pero además ayudar a construir una entidad donde estos derechos se apliquen desde las instituciones.

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