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Editorial.-No alcanzan 300 cámaras para vigilar todo el sistema de justicia mexiquense

A fin de dar mayor certeza jurídica al procedimiento, garantizar la aplicación del protocolo y asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas, el gobierno de Estado de México integró 300 cámaras de video-vigilancia al Operativo Plan TRES de Transporte Estatal Seguro.

Al dar detalle de la medida, el gobernador Eruviel Ávila Villegas indicó que del primero de febrero al 19 de abril se han revisado 2 millones 848 mil 192 personas, siempre respetando sus derechos humanos y aplicando los protocolos correspondientes.

En cuanto a las cámaras, entregadas a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que participan en el Plan TRES, señaló que permitirán evaluar la eficacia y desempeño de los policías, al aplicar los operativos con respeto a los derechos humanos de los usuarios y choferes.

“Queremos asegurarnos que siga este operativo con mucho éxito; respetando a la gente, respetando sus derechos; por eso seremos todavía más cuidadosos con nuestros operativos y para ello hemos dotado a nuestro personal de la Comisión Estatal de Seguridad de 300 videocámaras, que les estarán sirviendo para grabar los operativos que estamos llevando a cabo a través del Plan TRES”, indicó.

Asimismo, informó que el uso de videocámaras forma parte de los protocolos internacionales de seguridad, donde se prioriza el respeto de los derechos humanos, además permitirán evaluar el desempeño de los uniformados y evitar que cometan algún tipo de abuso contra usuarios del transporte o choferes.

Además, agregó, un estudio de la Asociación Internacional de Jefes de Policía reveló que el uso de cámaras de video también inhibe a los delincuentes, pues al saber que están siendo grabados reducen su comportamiento violento.

Pese a todas estas acciones y todo este discurso, la semana pasada la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una nueva recomendación en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para que se inicie una carpeta de investigación en contra de un perito y policías ministeriales, por omisiones e incurrir en actos arbitrarios y constitutivos de tortura.

Ante esto queda decir, que sólo unos cuantos son vigilados, pero hay muchos trabajadores del sistema judicial mexiquense que se mueven a su antojo y violentan los derechos humanos.

Cabe señalar que esta dependencia ya acumuló tres recomendaciones en lo que va del año, esto por tratos crueles, inhumanos y degradantes de la dignidad humana.

En la primera de ellas, la Codhem interpuso una denuncia penal por probables que Azalia Robles Rodríguez, agente del Ministerio Público del organismo encargado de la impartición de justicia en Valle de Chalco, omitió el inicio de la Carpeta de Investigación correspondiente, aún a sabiendas de los hechos que exigían el esclarecimiento de la muerte de un menor de ocho años de edad.

Otra de las recomendaciones  emitidas por violación a los derechos a la libertad e integridad de las personas, así como a la legalidad y seguridad jurídicas, cometidas por los elementos Daniel Alejandro Rivera Gamboa, Noé Medina Cedillo, Jesús Tabarez Farías y Carlos Francisco Cuadros Aldana.

Mientras que la última es por tortura y refiere a tres policías ministeriales que detuvieron, en Acolman, a ocupantes de un vehículo, bajo el argumento de robar en una tienda de conveniencia, ubicada en Ecatepec.

La agente del MP responsable, no reportó la presencia de lesiones y el médico legista omitió la revisión física; en presencia de los agentes, sólo  preguntó a los detenidos su estado físico, lo cual se tradujo como un acto intimidatorio que tenía como fin, ocultar las agresiones de que fueron sujetos.

 

 

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