ALMOLOYA DE JUÁREZ, Méx.- El Ayuntamiento de Almoloya de Juárez interpuso una Controversia Constitucional en contra del Gobierno Federal y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así lo denunció el presidente municipal Efrén Sánchez López.
Dicha controversia va dirigida hacia el INEGI por considerar que los resultados arrojados en el Censo de Población y Vivienda han repercutido en la asignación de recursos por parte del gobierno federal, al dejar de percibir 93 millones de pesos del programa del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
En conferencia de prensa informó el Alcalde que esta acción ha provocado que las 80 delegaciones como se encuentra conformado el municipio no cuenten con obra pública; por lo que la administración pública tuviese que hacer un rediseño en su programa financiero.
El Presidente Municipal de Almoloya de Juárez indicó que la Controversia Constitucional ha sido admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se está pidiendo se restituyan los 93 millones de pesos que les quitó el Gobierno Federal, a través de la recomendación del INEGI y de la SEDESOL, este hecho está causando que se encuentren detenidas 70 obras en las diferentes delegaciones y colonias del municipio, que van desde pavimentaciones, drenajes y sobre todo electrificaciones.
En este sentido expresó que mientras el país está cada vez más empobrecido, el dinero no alcanza para cubrir las necesidades elementales de las familias; por lo que la presente administración dijo está en contra de esa determinación del INEGI que le otorgó al municipio donde argumenta que de los 140 mil habitantes que tiene, el 80 por ciento de su población ha dejado de padecer pobreza.
Efrén Sánchez recordó que el INEGI quien hace le conteo, le da los datos a la dependencia federal y esta a su vez es quien califica los niveles de pobreza y designa los recursos del FISM en este año.
Asimismo, comentó que el municipio de Almoloya de Juárez recibió 30 millones de pesos del programa federal, mismo que están siendo distribuidos en las acciones que la población demanda.
El Alcalde por tal motivo señaló que se recurrió a esta Controversia Constitucional para que se invalide esta resolución que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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