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Imputados por delitos menores podrán llevar procesos en libertad

  • La legislatura mexiquense aprobó la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso

Toluca / Estado de México

El Ejecutivo estatal envió al Congreso mexiquense la iniciativa.
El Ejecutivo estatal envió al Congreso mexiquense la iniciativa.

Tras aprobar la nueva Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, los legisladores mexiquenses detallaron que con esta las autoridades estatales  tendrán  un mayor control de quienes cometan un delito, aunque enfrentarán su proceso electoral, al tiempo que se dará mayor protección a las víctimas y testigos.

Los diputados indicaron que la ley establece evaluar el riesgo de las personas imputadas y, a quienes sea viable, se les permitirá llevar su juicio fuera de la cárcel, con restricciones, como: no salir del país y la colocación de localizadores electrónicos, costeados por el presunto responsable o sus familiares.

El objetivo de esta medida es evitar que vayan a prisión los imputados por delitos no graves que no sean considerados un riesgo para la sociedad, con el fin de no saturar más los penales, así como anteponer la presunción de inocencia, como lo establece el nuevo sistema penal acusatorio y oral.

Además, se creará un Centro estatal de Medidas Cautelares, dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad, encabezado por un director, con el fin de supervisar que se cumplan las medidas impuestas por el juez.

Entre las medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, previstas en la nueva norma se encuentran: una garantía económica; presentación periódica ante el juez o ante otra autoridad; la prohibición de salir del país o de su localidad; el resguardo domiciliario, cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada.

También contempla la colocación de localizadores electrónicos; la prohibición de acudir a determinadas reuniones o de acercarse a ciertos lugares; la prohibición de convivencia, acercamiento o comunicación con personas determinadas; la separación inmediata del domicilio; la suspensión temporal en el ejercicio del cargo o del ejercicio de una actividad profesional o laboral y los supuestos de incumplimiento.

La norma enviada por el Ejecutivo estatal indica que el centro intervendrá desde el inicio de la investigación, cuando haya detenido para recabar información, en su caso entrevistar al imputado y dará seguimiento para garantizar que el presunto responsable cumpla con la medida cautelar aplicada. Ese centro podrá hacer comparecer a la partes y visitar al imputado para verificar que acate las disposiciones del juzgador.

La ley además establece sanciones como apercibimiento, amonestaciones y suspensiones a servidores públicos que maltraten a los imputados o al personal, no acaten esa norma, o a quienes otorguen beneficios o prerrogativas a alguna persona sujeta a medidas cautelares.

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