Son preocupantes las estadísticas que revelo el organismo Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), respecto a los delitos de corrupción e inseguridad que sufren las empresas desde micro hasta las grandes industrias y negocios en el Estado de México, donde el 3.7 de cada diez de estas fueron víctimas de un delito en 2015, cifra menor a las 4.1 que se registraron en el año 2013, además es lamentable que el 30 por ciento de los casos de corrupción fueron cometidos por funcionarios públicos, para otorgar permisos de operación, licencias de funcionamiento, y el 32 por ciento de ese ilícito correspondió por policías , ministerios públicos o jueces.
Según los datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de víctimas del delito por cada 10 mil unidades económicas cayó 9.7 por ciento del año 2013 al 2015 en el Estado de México. Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de victimización de Empresas, mencionó que en el 2013 se registraron en la entidad 4 mil 102 víctimas del delito por cada 10 mil unidades económicas, mientras que para el 2015 la cifra disminuyó a 3 mil 702.
De acuerdo con los resultados de la ENVE, tanto en el país como en la entidad mexiquense, el 61 por ciento de las Unidades Económicas Grandes fue víctima del delito, 59.9 por ciento de las Medianas, 49.9 por ciento de las Pequeñas y 34.7 por ciento de las Micros durante 2015.
El INEGI agregó que el delito con mayor incidencia sigue siendo el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, mismo que, además, presentó un incremento de 28.7 por ciento con respecto de 2013.
La extorsión, por su parte, ha superado al robo hormiga como el segundo delito con mayor incidencia al presentar un incremento de 34.3 por ciento con respecto al nivel estimado para 2013.
El organismo reportó que el costo promedio del delito por unidad económica en 2015 fue de 57 mil 779 pesos mientras que en 2013 fue de 55,738 pesos.
En las Unidades Económicas grandes se presentó una reducción de 22.8 por ciento al pasar de 1.8 millones a 1.4 millones de pesos; por su parte, las Unidades Económicas pequeñas registraron un incremento de 43.9 por ciento respecto de 2013, al pasar de 158 mil a casi 228 mil pesos por unidad económica.
En tanto, la “cifra negra” de los delitos ocurridos durante 2015 al sector privado asciende a 90.3 por ciento, en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta de investigación. Esta cifra resulta ser estadísticamente superior al 88.1 por ciento estimado para 2013.
De igual forma, se ha incrementado en las unidades económicas comerciales al pasar de 86.9 por ciento a 89.9 por ciento de 2013 a 2015, así como en las pequeñas y medianas, en donde pasó de 80.8 por ciento a 84.9 por ciento, y de 68.4 por ciento a 73.7 por ciento, respectivamente.
Según el organismo, la entidad federativa con más víctimas el año pasado fue Baja California, con 4 mil 837 víctimas, un 7.8 por ciento más que en el 2013, cuando sumó 4mil 486.
Por el contrario, la entidad con menor número de víctimas, el 2015, fue Oaxaca, con 2 mil 534, un 26.6 por ciento más que las que registró en el 2013, cuando acumuló 3 mil 454 víctimas por cada 10 mil unidades económicas.
A nivel nacional, se estima que 35.5 por ciento de las Unidades Económicas del país fue víctima de algún delito durante 2015, mientras que en 2013 lo fue el 33.6 por ciento. De ellas, durante 2015, 40.7 por ciento de las Unidades Económicas del Gran Sector Comercio fue víctima del delito, 31.7 por ciento del Gran Sector Industria y 30.4% del Gran Sector Servicios, destacó el organismo.
Por otro lado autoridades judiciales y policías estatales y municipales, continúan agrediendo a los periodistas, que por realizar su labor de comunicadores ante la sociedad mexiquense, son objeto de golpes, robo y detención ilegal, como sucedió el pasado día lunes en la localidad de Atizapán de Zaragoza, donde se realizo un desalojo de un predio en el pueblo de Calacoaya, siendo objeto de vejaciones la periodista del Diario Reforma, Iris Velázquez, por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como por el ahora exfiscal regional en Tlalnepantla, Gerardo Ángeles Enriquez, quién fue destituido por esos hechos de vejación y golpes contra la comunicadora. Por ahora la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios d Comunicación en la Cámara de Diputados Federal, a un día de ser instalada, tiene en sus manos resolver este delito contra la reportera de ese diario nacional.
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