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Luis Zamora Calzada

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IMPUGNACIÓN ELECTORAL

Fallaron sus movilizadores, no fueron suficientes todos los vicios y prácticas contrarias a derechos, para obtener una mayor participación de electores en el municipio de Toluca, que de acuerdo a datos preliminares, del padrón existente, solo acudió a ejercer el voto un 39 por ciento, lo que habla por sí mismo de la decepción del ciudadano por el proceso electoral, que no brinda la confianza necesaria al elector.

Los resultados que muestra el programa de resultados electorales preliminares 2015 (PREP2015), son ilustrativos del nivel de baja participación de las comunidades, la que fue muy escasa y desgraciadamente se concatena al nivel económico, laboral y escolar, que les hace susceptibles de la explotación entre otros de la pobreza imperante.

El derroche de recursos, la inducción del voto doble, el acarreo de electores, la falta de capacitación de los funcionarios electorales ─que mostró la incapacidad del IEEM para garantizar elecciones apegadas a derecho─, son claros indicadores del destino de la elección, que tiene un altísimo porcentaje de judicializarse.

Si bien el proceso electoral, es legal al estar contemplado en la Constitución Política del país, lo cierto es que sus prácticas no están normadas, por ejemplo, la presencia de grupos de choque para inhibir a la población ─quienes estuvieron expuestos a la luz pública en las oficinas del candidato priista y se dice que fueron en promedio doscientos personajes, preparados para entrar en acción, al momento en que fueran requeridos─, hicieron gala de un supuesto poderío al exhibirse durante tres días ─del viernes cinco al domingo siete, hasta las dos de la mañana─, en grupos de diez y veinte en camionetas preparadas para la ocasión, acción que no se contempla en ninguna parte de la ley.

En tales circunstancias, es de reconocer que se colocó en riesgo la seguridad de los habitantes del municipio de Toluca, lo cual no puede pasar desapercibido por las autoridades electorales y mucho menos por los responsables de la seguridad del gobierno estatal, que tendrán la gran responsabilidad de que hechos tan reprobables no ocurran por el bien de toda la ciudadanía, caso contrario su actuación queda en entredicho y en tela de juicio.

Una elección en estas condiciones, no está apegada a la ley, los procesos de impugnación que habrán de tramitarse, tienen que ser resueltas apegadas a derecho, existen claras causales de invalidación de los resultados, a todas luces la judicialización de la elección es el paso siguiente.

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