El inciso f) de las obligaciones y atribuciones del comité ejecutivo general del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), establece la rendición de cuentas del estado financiero e informe transparente de la gestión realizada a los plenos y asamblea general ordinaria, asamblea general extraordinaria informativa y a la convención general estatal, conforme a todos los rubros establecidos en sus estatutos.
El SUMAEM, no espero la emisión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que aprobó el Senado de la República el jueves 19 de noviembre del año en curso, que establece obligaciones a los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos.
La falta de rendición de cuentas y la ausencia de transparencia de la gestión, lo expresamos como los grandes males del sindicalismo magisterial hasta entonces imperante, desde el dos mil seis, en el nacimiento mismo del SUMAEM, decíamos:
“la falta de respeto del sindicato oficial a los derechos de todos los profesores; a la inequidad en las prestaciones que nunca han beneficiado a todos por igual; al no acatamiento irrestricto de las normas que nos rigen; a la inexistencia de transparencia y rendición de cuentas respecto al uso de los recursos de los maestros, aspectos que la dirigencia sindical favorece imponiendo la ilegalidad, el chantaje y el beneficio de unos cuantos como arma de lucha política, violando los estatutos, disponiendo de los recursos económicos de los maestros como si fueran propios y creando las condiciones para la privatización de la educación, abandonando la única oportunidad educativa formal que tienen los pobres y marginados, la escuela pública, que es nuestro universo laboral, el espacio que nos garantiza a nosotros y a nuestra familia una estabilidad laboral, familiar y personal, además solapando el enriquecimiento ilícito de dirigentes sindicales.
Nos oponemos a esta visión del sindicalismo, al autoritarismo, al valor del dinero como recurso democrático y de participación, nos oponemos a la restricción de libertades, a la represión y a la cerrazón, a la ilegalidad, a los abusos cometidos por el sindicato oficial, creímos siempre que las autoridades laborales se apegarían a derecho y que no permitirían ningún influyentísimo tal y como lo establece la ley laboral…”.
Por lo que saludamos la aprobación de la nueva ley, que deroga la anterior ─Ley General de Transparencia y Acceso a la información─, en cuanto a la rendición de cuentas de los recursos públicos que reciben los sindicatos.
Es de resaltar que esta ley contiene obligaciones para el maltrecho Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que ha decir de Manuel Gil Antón en el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa desarrollada la semana pasada, sostuvo que la reforma educativa y el INEE “…plantea que los maestros son el único problema y solución del sistema educativo, estas conclusiones que fomentan la exclusión y la estigmatización de los docentes, se han hecho de forma brutal, racista, clasista y altanera”.
Al INEE se le obliga en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, poner a disposición del público toda la información respecto a la política de evaluación educativa, es decir, se puede solicitar información de cómo determinó a los maestros que son evaluados, por qué llamó a última hora a otros profesores a evaluarse, si facultó a supervisores para obligar a docentes a participar en el examen, entre muchas acciones implementadas hasta ahora y por supuesto el fundamento legal que respalden sus actos.
En la asignación de plazas a maestros idóneos, por qué se ha permitido a la autoridad educativa no poner a disposición todas las plazas vacantes, cuál es su actuación ante la asignación de plazas a recomendados de supervisores y personajes diversos, que colocan como condición a sus propuestas que no hayan participado en ningún proceso de evaluación si quieren una plaza, entre otras irregularidades existentes.
También está obligada hacer públicos los resultados, por supuesto sus criterios para calificar, que garanticen la transparencia del proceso y no resulten del libre albedrío de los “iluminados”, la determinación de un puntaje que perjudique a los maestros evaluados.
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