TRANSITORIO OCTAVO

El desastre educativo de la nación no es responsabilidad de los maestros, los culpables directos son quienes han diseñado las políticas educativas estatales y federales, con sus administradores del sistema; en la imposición de normatividades y leyes que rigen o regirán a las escuelas públicas, nada tiene que ver el docente, es determinación en el ámbito de su competencia de quien las emite.

Las movilizaciones de maestros que hoy se satanizan y exhiben tienen su origen en el carácter autoritario para imponer reformas y nuevas leyes sin escuchar a nadie, marco jurídico en donde se puede encontrar artículos y transitorios para la defensa de los mismos, por ejemplo, la Ley General del Servicio Profesional Docente, ubicada en el ojo del huracán, en su transitorio octavo establece:

“El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procedimientos evaluatorios y actividades de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 48 de la Ley, no será separado del servicio público y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.

El personal que no se sujete a las evaluaciones o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 48 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.”.

La Ley aprobada la noche de este domingo 1 de septiembre, en estos términos el transitorio octavo se convierte en la propia contrarreforma que impuso el Congreso de la Unión y el poder ejecutivo, al parecer “no leer” tiene algunas ventajas para el caso concreto de muchos legisladores, no así del pueblo y mucho menos de los maestros.