**El condicionamiento de programas sociales se castiga con 2 y hasta 9 años de cárcel.
**En 8 municipio se destinó la mitad del programa Salario Rosa.
Toluca / Estado de México
Al comparecer el secretario de Desarrollo Social Eric Sevilla Montes de Oca ante Diputados de la LXI Legislatura, se le indicó que la corrupción e irregularidades registradas en el diseño, operación y aplicación de los programas sociales, no permiten que el porcentaje de población mexiquense en condición de pobreza disminuya, así lo cuestionó el diputado Jorge García Sánchez.
Durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, al fijar la postura de la bancada de Morena, lamentó que pese a que las y los Diputados, especialmente los morenistas han impulsado, gestionado y aprobado en los últimos años un mayor presupuesto para combatir la pobreza y aminorar la desigualdad que existe entre los mexiquenses, ello no ha ocurrido.
Exigió al funcionario que dejen de operar los programas sociales para favorecer a la población más vulnerable y no a las y los dirigentes del PRI, su partido político, pues la ley castiga con 2 a 9 años de prisión, al servidor público que condicione la entrega de programas sociales.
Aseveró que de acuerdo con datos del Comité de Admisión y Seguimiento del Programa de Desarrollo Social “Familias Fuertes”, “Salario Rosa”, se puede advertir que en algunos municipios la entrega de tarjetas es muy alta y en otros muy baja, y no es verdad que el programa sea para atender a los municipios donde se ubica la población más vulnerable, sino en realidad dichos programas son operados para incidir políticamente, subrayó, pues de los 125 municipios, solo llegó a 61.
Y curiosamente en esta vertiente de mezclar la operación institucional con la política partidaria, los municipios más beneficiados fueron Toluca, Metepec, La Paz, Zinacantepec, San Mateo Atenco, Jilotepec, El Oro y San José del Rincón, municipios a donde se destinó el 57.5 por ciento y el 42.2 por ciento del total de tarjetas y apoyos entregados, respectivamente.
“Efectivamente compañeras y compañeros diputados, tan solo en 8 municipios se ha destinado prácticamente la mitad del programa (social) es una mentira aquello que buscan la justicia, no es pareja esa justicia. Las matemáticas no mienten, justo estos municipios tienen algo en común y no es precisamente el estado de vulnerabilidad”, puntualizó el diputado.
Denunció que, a miles de familias y mexiquenses en situación de vulnerabilidad, no se les toma en cuenta para incluirlos en los programas, quizás porque no forman parte de las filas partidistas o porque no gozan del beneplácito de las brigadistas.
Jorge García cuestionó que los recursos asignados al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México regresó el 53 por ciento de su presupuesto, es decir no lo aplicó y hay indicios que lo utilizó a rubros no autorizados.
“Uno de los compromisos de la Secretaría a su cargo es el de garantizar a la población mexiquense el acceso a los derechos sociales por igual, con las mismas oportunidades para todos, “sin discriminación o sin algún tipo de favoritismo”, recordó al funcionario.
Por último, el representante popular de Morena, planteó la urgente necesidad de transparentar no sólo la operación de los programas sociales, sino también que las y los mexiquenses interesados en ser beneficiados con éstos, puedan acudir a alguna oficina y no se les siga incluyendo a partir de la operación de personas ajenas a las instituciones del estado, es decir por los operadores del PRI.
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